Guardias municipales de Calera de Tango alteraron sus declaraciones tras el procedimiento mortal
La información que omitieron fue el uso de esposas, lo que está "absolutamente no permitido", dijo el fiscal Sergio Soto.
Tribunal decretó prisión preventiva contra los dos primeros detenidos, imputados por apremios ilegítimos con resultado de homicidio.
La guardia municipal detenida el miércoles es acusada de encubrir el asesinato y la Fiscalía pidió su arresto domiciliario total.
El Ministerio Público reveló durante la audiencia de formalización por el homicidio de Manuel Flores Lucero, de 43 años, en un procedimiento que terminó con su vida en la comuna de Calera de Tango, que los guardias municipales alteraron sus declaraciones tras coordinarse con la tercera detenida por el hecho.
Los primeros dos detenidos están siendo imputados por apremios ilegítimos con resultado de homicidio. En tanto, la última involucrada, una excarabinera, es acusada del encubrimiento del asesinato, al encontrarse en el lugar de los hechos y grabar con su celular el cuestionado procedimiento.
Entre los antecedentes expuestos por la Fiscalía está el rol de la mujer, tras revelar a través de conversaciones de WhatsApp que se puso de acuerdo con el resto de los acusados para que las declaraciones de los tres coincidieran.
El fiscal Sergio Soto dijo que "entendimos que existía una actitud concertada por parte de los imputados a omitir un antecedente importante" en las declaraciones, tratándose de "la utilización de esposas en el procedimiento y que por cierto está absolutamente no permitido".
De acuerdo a la autopsia del Servicio Médico Legal, la víctima falleció por un síndrome de delirio agitado potenciado por asfixia mecánica decúbito dorsal, lo que se complementa con los videos grabados por los propios funcionarios municipales al momento de retener a la víctima, sometiéndola por la fuerza y ejerciendo presión física en su pecho sobre el suelo.
Por todo lo anterior, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra los dos primeros imputados y el arresto domiciliario total contra la tercera funcionaria.
Finalmente, el tribunal acogió la petición de Fiscalía respecto a los dos primeros acusados y ordenó el encarcelamiento de ambos mientras dure la investigación. Sin embargo, dejó sin medidas cautelares a la mujer.
Además, fijó un plazo de indagatoria de 180 días.