GORE de Aysén dejó sin efecto convenio con fundación de psiquiatra amigo de Boric por 1.600 millones
La transferencia había sido aprobada este año para que la ONG Procultura ejecutase un programa que debía beneficiar a 70 familias de la provincia de Capitán Prat.
Gobierno Regional de Aysén
Finalmente quedó sin efecto el polémico convenio que iban a suscribir la Fundación Procultura -cuyo director es el psiquiatra Alberto Larraín, amigo del Presidente Gabriel Boric- y el Gobierno Regional (GORE) de Aysén por un total de 1.673 millones de pesos, tras ser revocado en la última sesión del Consejo Regional a propuesta de la gobernadora Andrea Macías (Partido Socialista).
Los dineros fueron aprobados este año para que la organización ejecutase un programa, en contexto del Plan de Desarrollo para Zonas Rezagadas, que debía beneficiar a 70 familias de la provincia de Capitán Prat.
La decisión fue adoptada en medio de la investigación que se realiza por los presuntos financiamientos irregulares a fundaciones -conocido como el "caso convenios"-, hechos del que no está exento Aysén, región en donde el Ministerio Público ya solicitó información tanto al GORE como a la Universidad de Aysén.
La solicitud fue revisada por el Consejo Regional a petición de Macías, quien tras conocer los cuestionamientos a nivel país propuso desistir del convenio de transferencia de recursos, que solo alcanzó a ser firmado por ProCultura.
La medida fue respaldada por los jurídicos del GORE y la Contraloría Regional, que en un informe "planteó que resultaba razonable la revocación del acuerdo atendidos los argumentos esgrimidos", explicaron desde la primera institución.
La revocación del acuerdo contó con siete votos a favor y ocho abstenciones, sin embargo, según la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en su artículo 36, si el Consejo Regional no se pronunciare dentro de los plazos establecidos a determinada propuesta, "regirá lo propuesto por el Gobernador Regional".
Macías dijo que la definición tiene que ver "con el momento político y que, por lo tanto, son decisiones que se deben adoptar atendiendo a la realidad que se está viviendo como país".
Con esta determinación se coloca término al vínculo entre la Fundación Procultura y el Gobierno Regional, gatillada por la investigación nacional de financiamiento irregular a estos organismos, quedando solo pendiente resolver por la vía judicial los gastos que la Universidad de Aysén ejecutó con la Fundación Democracia Viva en contexto de una Escuela de Verano, cuando la rectora era, además, integrante del consejo directivo de esta.