Descoordinación postergó el avance de ley de usurpaciones en la Cámara Baja
La oposición intentó despachar el texto este miércoles pese a que faltaba un diputado por intervenir, lo que no fue apoyado por el oficialismo.
La propuesta sigue generando cuestionamientos en los sectores oficialistas y el gobierno, que amenaza incluso con un veto presidencial.
Este hecho se suma a la compleja semana que han tenido los diputados, con marcadas diferencias por hechos relacionados a la conmemoración de los 50 años del golpe.
El polémico proyecto de ley que busca regular los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles estaba previsto para ser despachado este miércoles en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero una descoordinación entre el oficialismo y la oposición lo postergaron para la otra semana.
La propuesta, que la semana pasada ya había sido aplazada por la incorporación de indicaciones, vio interrumpido su avance esta jornada por la falta de intervención del diputado Gaspar Rivas (PDG), que no hizo uso de la palabra debido a la proximidad del término de la sesión.
Pese a que el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) pidió el acuerdo de la Sala para que no se inscribieran más parlamentarios y poder votar, el oficialismo no dio la unanimidad y se clausuró el debate, con una votación de 41 a favor y 44 en contra.
Debido a esto, Coloma insistió con su avance y pidió que se escuchara al diputado faltante y se votara, lo que fue negado por la vicepresidenta de la Cámara, Carmen Hertz (PC), consignó La Tercera.
La votación finalmente se corrió para el lunes y en caso de ser aprobada pasará a un tercer trámite en el Senado.
La situación sigue la línea de una tensa semana entre los diputados, que han tenido fuertes discrepancias debido a temas relacionados con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
CRÍTICAS AL PROYECTO
El proyecto que busca modificar las sanciones por usurpaciones y facilitar la detención de los ocupantes ilegítimos ingresó en julio del 2020, siendo recién aprobado en general hace un par de semanas por la Cámara de Diputadas y Diputados.
La iniciativa, que combina la legítima defensa con la flagrancia permanente, ha sido fuertemente criticada por el oficialismo, que acusa que con esto se permitiría la autotutela, es decir, las personas dueñas o que se sientan dueñas de un predio tomado puedan -por la fuerza y en forma armada- tratar de recuperarlo.
Desde el Gobierno, en tanto, también genera preocupación el avance de algunas indicaciones y se abren a la opción de presentar un veto presidencial.