EEUU desclasificó dos informes presidenciales sobre el golpe en Chile
En el primer documento, fechado el 8 de septiembre de 1973, los asesores de Richard Nixon avisan sobre un "posible intento" de derrocamiento de Salvador Allende.
En el segundo, del mismo 11 de septiembre, informan de que varias "unidades militares clave" apoyan la intentona.
A menos de un mes de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, Estados Unidos hizo públicos este viernes dos informes presidenciales sobre el derrocamiento armado del Gobierno democrático de Salvador Allende, concretado el 11 de septiembre de 1973 bajo el liderazgo del dictador Augusto Pinochet.
En el primero, fechado el 8 de septiembre de ese año, los asesores del entonces presidente estadounidense, Richard Nixon (1969-1974), avisan sobre un "posible intento de golpe" contra Allende, mientras que en el segundo, del 11 de septiembre, informan de que varias "unidades militares clave" apoyan la intentona.
En un comunicado, el Departamento de Estado estadounidense aseguró que la desclasificación de este viernes demuestra su "compromiso continuado" con la relación entre EE.UU. y Chile.
Los informes presidenciales son documentos que elaboran los servicios de inteligencia cada día para informar al mandatario estadounidense de la actualidad internacional, y son estrictamente confidenciales.
En 2016, el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama (2009-2017), ordenó la desclasificación de documentos relacionados con diferentes episodios de la historia latinoamericana, como el atentado en 1976 contra el excanciller de Allende Orlando Letelier en Washington, o la "guerra sucia" de la última dictadura argentina (1976-1983).
ALLENDE "TIENE LA ESPERANZA DE POSTERGAR EL CONFLICTO"
En el informe presidencial del 8 de septiembre desclasificado este viernes, los asesores de Nixon detallan que Salvador Allende considera que sus seguidores no tienen armas suficientes para enfrentarse al Ejército, y que la única solución posible es política.
Allende "está preocupado por las presiones de la oposición y, en especial, por las intenciones del Ejército", dice el archivo.
El 11 de septiembre, el día del golpe, los servicios de inteligencia estadounidenses avisaron del apoyo de sectores clave del Ejército a la intentona, pero advirtieron de que los militares podrían no tener "un plan efectivo y coordinado para aprovechar la extendida oposición civil" al Gobierno chileno.
Mientras, "el presidente Allende, por su parte, todavía tiene esperanzas de que postergar una decisión evite el conflicto", se lee en el documento.
En la tarde de ese día, el presidente socialista se suicidó, dando comienzo a la dictadura de Pinochet, que duró 17 años y dejó más de 3.000 oponentes políticos muertos o desaparecidos.
Pese a que no hay pruebas de una implicación directa de Nixon en el golpe, miles de documentos que se han ido desclasificando desde el mandato de Bill Clinton (1993-2001) han demostrado la profunda hostilidad de Nixon y de su mano derecha Henry Kissinger hacia Allende desde antes que asumiera el cargo, además de que la CIA apoyó y financió a grupos para desestabilizar al Ejecutivo.
DESCLASIFICACIÓN ES "EN RESPUESTA A UNA SOLICITUD DEL GOBIERNO DE CHILE", DICE EEUU
La desclasificación de documentos estadounidenses sobre la dictadura es una demanda histórica de Chile. A comienzos de agosto, el embajador en Washington, Juan Gabriel Valdés, dijo a EFE: "Nosotros todavía no conocemos lo que el presidente Richard Nixon vio en su escritorio en la mañana del golpe militar y cómo se le informó de que el golpe militar había sucedido".
El veterano diplomático defendió que las incógnitas siguen siendo muchas, ya que varios documentos publicados muestran todavía fragmentos tachados en negro, como los expuestos en el Museo de la Memoria de Santiago.
"Queremos verlo y poder leerlo para saber exactamente qué sucedió en la cabeza de quienes gobernaban Estados Unidos en esa época", explicó.
Estados Unidos apuntó que esta desclasificación tiene lugar "en respuesta a una solicitud del gobierno de Chile y para permitir una comprensión más profunda de la historia" que los dos países comparten.
"Nos mantenemos comprometidos en trabajar con nuestros socios chilenos para intentar identificar fuentes de información adicionales para aumentar nuestra conciencia sobre acontecimientos de alto impacto ocurridos a lo largo de la historia que compartimos y fortalecer aún más la importante relación" bilateral, concluyó su mensaje.
DE UNA SOLICITUD DEL CONGRESO A LA VISITA DE CONGRESISTAS DE EEUU
El 10 de agosto pasado, el Congreso chileno aprobó solicitar al Ministerio de Exteriores que realice las gestiones pertinentes para que EE.UU. informe sobre su rol en el golpe de Estado y, en particular, desclasifique los documentos y testimonios del período de Nixon.
Los parlamentarios que impulsaron la medida hicieron alusión al director del Proyecto de Documentación sobre Chile del National Security Archive, el estadounidense Peter Kornbluh, que publicó por esos días la primera versión chilena de "Pinochet Desclasificado".
El libro, una completa investigación que repasa el rol de Washington en el devenir chileno de esos años, en esta oportunidad incluye documentos inéditos que revelan, entre otros puntos, la reunión secreta que sostuvo el magnate de medios de comunicación Agustín Edwards con Nixon seis horas antes de que el otrora mandatario norteamericano ordenara a la CIA desestabilizar al gobierno de Allende.
El Presidente Gabriel Boric se reunió el viernes pasado con una delegación de congresistas demócratas de Estados Unidos, encabezados por Alexandria Ocasio-Cortez y la jefa de Gabinete del senador Bernie Sanders, Misty Rebik, en una visita que se dio con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe.
Hasta hoy, en Chile sigue habiendo 1.159 víctimas de desaparición forzada durante la dictadura que aún son buscadas por sus seres queridos.
La dictadura duró 17 años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares. Más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado.