"Milicogate": Cheyre afronta nuevo procesamiento por la saliente jueza Rutherford
La ministra en visita acusó al excomandante en jefe del Ejército de malversar 5.100 millones de pesos de gastos reservados.
Su defensa dice no haber sido notificada, pero trascendió que ello ocurriría este lunes.
La reputación del "general del nunca más" ha sufrido duros golpes durante los últimos años: además de ser imputado en el caso de fraude, fue condenado por encubrir homicidios de la "Caravana de la Muerte".
La ministra Romy Rutherford decidió procesar este al excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre por la malversación de 5.100 millones de pesos por Ley de gastos reservados, en el último día hábil antes de terminar su período en visita en la Corte Marcial, en medio del cierre de procesos tras casi siete años a cargo.
La decisión de la magistrada se dio el sábado recién pasado y supone un nuevo episodio judicial por los millonarios fraudes cometidos por los altos mandos de la institución castrense.
El comandante en jefe entre 2002 y 2006 había quedado en prisión preventiva en octubre del 2022 tras ser imputado por perjuicio fiscal por una suma de 128.638.559 millones de pesos en el mismo caso. Pese a ello, su defensa puso un recurso en la Corte Marcial, que dictaminó su libertad bajo fianza.
Su abogado representante, Jorge Bofill, señaló que hasta el sábado por la noche "no hemos sido notificados de un nuevo procesamiento al general (r) Juan Emilio Cheyre" e informó que "hemos impugnado (durante la semana pasada) un informe pericial de la PDI, y esperamos sea considerado", sostiene La Tercera.
La magistrada ordenó que Cheyre quede en prisión preventiva como medida cautelar, lo que se determinará este lunes 4, día en que está citado para ser notificado de la decisión.
Además de la investigación judicial por el fraude en el Ejército, en noviembre de 2018 Juan Emilio Cheyre fue condenado a 3 años y un día de libertad vigilada por encubrir 15 homicidios calificados en la "Caravana de la Muerte", en un hecho ocurrido durante la dictadura cívico militar, en 1973.
En octubre del 2022, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó su sentencia, en la que también se le prohibió postular o ejercer cargos de representación pública.