Capitán de Ejército deberá pasar 15 años en la cárcel por muerte de Romario Veloz
Se trata de José Faúndez, sentenciado junto a Carlos Robledo, Milovan Rojas y José Arenas.
El caso investigaba la muerte de Veloz y también las lesiones graves contra Rolando Robledo y César Veliz.
A las sentencias de los militares se les abonará el tiempo que estuvieron privados de libertad durante la investigación.
El Tribunal Oral en lo Penal de La Serena sentenció a los cuatro uniformados por la muerte de Romario Veloz y las lesiones de Rolando Robledo y César Veliz, a penas privativas de libertad por los hechos ocurridos durante una manifestación del 20 de octubre de 2019, durante el estallido social.
El capitán de Ejército, José Faúndez, fue condenado a la pena única de 15 años de presidio mayor en su grado medio “en su calidad de autor del delito consumado de violencia innecesaria causando la muerte en la persona de Romario Wladimir Veloz Cortés, y de dos delitos consumados de violencia innecesaria causando lesiones graves en las personas de Rolando Alberto Robledo Vergara y César Antonio Véliz Cortés”, dice el fallo leído por el juez redactor Carlos Manque.
En tanto, el soldado conscripto Carlos Javier Robledo Olguín fue condenado a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo “en su calidad de autor de un delito consumado de violencia innecesaria causando la muerte en la persona de Romario Wladimir Veloz Cortés”, indica la resolución.
Su par Milovan Alejandro Rojas Barrera recibió una condena de “cinco años de presidio menor en su grado máximo en su calidad de autor de un delito consumado de violencia innecesaria causando lesiones graves en la persona de Rolando Alberto Robledo Vergara”, agrega el veredicto.
Finalmente, el cabo José Andrés Arenas Mancilla fue condenado “a la pena de cinco años de presidio menor en su grado máximo en su calidad de autor de un delito consumado de violencia innecesaria causando lesiones graves en la persona de César Antonio Véliz Cortés”, añade el fallo.
En la lectura de la sentencia, el juez Carlos Manque señaló que “no concurriendo en favor de los sentenciados los requisitos y condiciones legales para la sustitución de una pena privativa de libertad por alguna de las señaladas en la ley 18.216, deberán cumplir real y efectivamente la pena corporal que se les ha impuesto a cada uno de ellos”.
QUERELLANTES QUEDARON CONFORMES "PERO NO CONTENTOS" POR LA "TRAGEDIA PARA LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIAS"
Adrián Vega, fiscal regional, señaló, tras escuchar las penas que deberán los uniformados, que existe conformidad y tranquilidad “con haber acreditados los hechos, pero no contentos porque (estos hechos) son una tragedia para las víctimas y sus familias”.
El persecutor indicó que las penas “hacen justicia material, creemos, en relación a los sucesos; permitirá dar un cierre y quizás una señal que no pueden usarse armas letales en el control de orden público", dijo el fiscal regional.
Mery Cortés, madre de Romario Veloz, dijo sentirse "tranquila", pues siempre manifestó que "mi hijo iba a marcar un precedente en este país y cumplí con mi palabra. Hemos cumplido. Logramos llevar a la cárcel a un capitán del Ejército, algo que en la Región de Coquimbo no se había visto".
"Me queda una sensación agridulce. Dulce porque van a pagar con cárcel común su condena y el amargo saber que, después de toda esta larga lucha que hemos dado, nada me va a devolver la vida de mi hijo", añadió.
Tarcila Piña, jefa del Instituto Nacional de Derechos Humanos Coquimbo, dijo que en el organismo creen que las penas otorgadas "son ejemplarizadoras y responden a hechos que fueron graves violaciones a los Derechos Humanos durante el estallido social de 2019”.
Agregó que el INDH seguirá “trabajando para que hechos acontecidos durante el estallido social sean condenados por nuestros tribunales y que otorguen la justicia y reparación a tantos chilenos y chilenas que sufrieron de violencia institucional por ejercer su derecho a la manifestación y para que estos hechos nunca más se vuelvan a repetir en nuestro país”.
El juez redactor Carlos Manque explicó que a cada uno de los sentenciados se les abonará el tiempo que estuvieron privados de libertad durante el desarrollo de la investigación.