Caso Los Gallegos: Magistrados acusan "intromisión" del Gobierno
El Ejecutivo envió antecedentes a la Suprema después de que Héctor Barraza ordenara revelar las identidades de testigos protegidos.
"Es una intromisión a la independencia de los jueces y las juezas en nuestro país", acusó Mariela Hernández, presidenta del gremio.
Los afectados por la orden de Barraza fueron 56 testigos del caso contra "Los Gallegos", un brazo armado de la célula Tren de Aragua que opera en el norte del país.
La Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados catalogó este sábado de "intromisión" la postura del Gobierno contra el juez de Garantía de Arica, Héctor Barraza, quien ha estado en la polémica por ordenar dar a conocer las identidades de testigos protegidos en la causa "Los Gallegos", relacionada con la célula del Tren de Aragua que opera en el norte del país.
Fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, quien -sumándose a otros miembros del Ejecutivo- criticó ayer aquella determinación, confirmando también que envió antecedentes a la Corte Suprema "en ejercicio de velar por la conducta ministerial de los jueces".
En paralelo, parlamentarios oficialistas y opositores dijeron que analizan modificaciones legales para que este tipo de hechos no se repitan.
Frente a esta situación, la jueza Mariela Hernández, presidenta del gremio, advirtió que la decisión del Gobierno no se justifica, y que es "una intromisión a la independencia de los jueces y las juezas en nuestro país".
"Como se evidencia en este caso, como en otros, las partes han hecho uso de las herramientas que confiere la ley, por lo que estimamos que el ejercicio de la facultad establecida en la Constitución, en este caso, afecta notoriamente la independencia judicial", analizó Hernández, según consignó Meganoticias.
Cabe recordar que la Corte de Apelaciones de Arica abrió una investigación administrativa en contra de Héctor Barraza por este caso, y la Fiscalía también indaga la situación por posibles delitos en la entrega de información confidencial.
En el caso del proceso que desplegó el tribunal de alzada, se busca "determinar si hubo algún tipo de responsabilidad o infracción en la forma en que se cumplió la resolución dictada por el juez Barraza, que autorizaba el acceso a las defensas al nombres de los testigos protegidos o agentes encubiertos", afirmó Claudia Arenas, presidenta de la corte ariqueña.
En paralelo, según informó el medio antes citado, el Juzgado de Garantía de Arica ordenó a los defensores penales públicos Rodrigo Torres, Ginger Riffo, Violeta Álvarez y Renato Moscoso devolver "de forma inmediata" los antecedentes entregados por el jefe de Servicios de este tribunal, lo que ya fue cumplido.