Caso convenios: PDI vincula a diputada Pérez en posible tráfico de influencias

Un reservado informe de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones vincula por primera vez a la diputada Catalina Pérez en el caso convenios, donde el único nexo que tenía era su relación con Daniel Andrade, y el que fue su jefe de gabinete, Carlos Contreras.

El caso convenios estalló el 17 de junio, cuando el medio Timeline de Antofagasta destapó que la Secretaría Regional Ministerio (Seremi) de Vivienda, a cargo del militante de Revolución Democrática Carlos Contreras, había entregado mediante trato directo 426 millones de pesos a la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal era Daniel Andrade, en ese entonces pareja de la parlamentaria.

La situación generó tremendo revuelo en el que la diputada Pérez no quedó exenta de sospechas, por lo que señaló el 19 de junio desde el Congreso: "No estoy disponible a aceptar que se busque endosarme a mí responsabilidades por actos que comenten terceros".

Sin embargo, un mes más tarde -19 de julio- la PDI entregó un primer informe a la Fiscalía de Antofagasta que da cuenta del resultado de allanamientos, relatos de testigos y revisión de antecedentes aportados a la indagatoria, en el que es vinculada a un presunto tráfico de influencias, consignó La Tercera.

En él, se constata: "Conforme a las diligencias realizadas durante el transcurso de la presente investigación, existirían antecedentes para configurar el delito de tráfico de influencias entre el exseremi Carlos Contreras Gutiérrez y Daniel Andrade Schwarze, y posiblemente la diputada Catalina Pérez, debido a su relación sentimental entre esta y Andrade Schwarze".

Asimismo, apunta que "fue Contreras quien invitó a participar, a través de convenios a las fundaciones Democracia Viva, TomArte, ProCultura y Fibra, pese a que personal de la Seremía le hicieron saber de la poca experiencia de la fundación Democracia Viva para desarrollar el programa de asentamientos precarios".

DECLARACIONES CLAVES

Entre los primeros testigos en declarar se encuentra Marietta Méndez, funcionaria a honorarios de la Seremi, quien se desempeñaba como Analista del Departamento de Desarrollo Urbano e Infraestructura.

El 30 de junio relató a los detectives que "los primeros días de mayo del presente mes el exseremi me muestra una carta realizada por funcionarios de Serviu, dirigida a la subsecretaria del Ministerio de Vivienda, Tatiana Rojas, que señalaba que había maltrato de Carlos Contreras contra funcionarios del Serviu. Señalan, además, que les parece extraña la forma en que él había elegido las cinco nuevas fundaciones que participaban en el programa de asentamientos precarios".

Bajo lo mismo, dijo que le llamaba la atención que "en una de las fundaciones nuevas estaba la pareja de la diputada por esta región, Catalina Pérez. Y que había un gasto en arriendo de $54 millones autorizado por la Seremi para la Fundación ProCultura".

Por otro lado, apuntó que en 2021 el Serviu se adjudicó $5 mil millones para todos los Programas de Asentamientos Precarios y que Contreras, al enterarse, "invita a través de mail a participar en dicho programa, que hasta momento sólo era desarrollado por cuatro fundaciones elegidas por el Serviu (Campemento Ideas, Techo para Chile, Urbanismo Social, DPR, que es de la Delegación Presidencial Regional y Fusupo)".

"Ignoro cómo fueron elegidas las fundaciones, los criterios que utilizaron; lo que sí sé, es que hay una resolución que el exseremi envió a realizar a jurídica con los requisitos mínimos que debía tener cada fundación para participar. Fue el Serviu quien estableció que los $ 5 mil millones se debían dividir en 74 convenios, debido a que cada uno de ellos no debía superar las 5.000 UTM para que no pasaran por el trámite de toma de razón de la Contraloría", constató en la declaración.

Por otro lado, un analista financiero de la Seremi, Diego Barrera, señaló a los detectives que "me llamó siempre la atención la tendencia política de las fundaciones", y detalló que se hablaba de "trabajar a futuro por el Chile revolucionario".

CONCEJALA PAZ FUICA

A partir de las declaraciones, la PDI también puso su foco en Paz Fuica, concejala RD por Antofagasta y brazo derecho de Contreras, quien "podría estar involucrada" según el informe, porque "según un mail enviado por ella, habría participado en la designación de la fundación que desarrollaría cada convenio".

Bajo lo mismo, los detectives advirtieron: "Llama la atención su elevado sueldo pagado por una fundación con cargo a los convenios en comparación a los demás profesionales pagados con esta misma modalidad".