Valencia planteó reparos y "profunda preocupación" sobre el Ministerio de Seguridad
El fiscal nacional dijo que el proyecto es "un avance", pero impone un conflicto de competencias con funciones que ostenta, "en forma exclusiva, el Ministerio Público".
También cuestionó que la Fiscalía, siendo un órgano autónomo, quede supeditada al Sistema de Seguridad Pública "junto a entidades públicas dependientes".
La Fiscalía "no es un órgano de la administración, sino un órgano autónomo del Estado, de rango constitucional", recalcó Valencia.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, expresó su "profunda preocupación" por el rol que tendrá el Ministerio Público en el futuro Ministerio de Seguridad y Convivencia Ciudadana, proyecto de ley que actualmente es discutido por las y los diputados.
A través de un oficio enviado a la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, la máxima autoridad del Ministerio Público expuso una serie de observaciones a la iniciativa del Ejecutivo, que ya fue aprobada por el Senado en junio pasado y que la ministra del Interior, Carolina Tohá, recalcó que es algo necesaria para el país.
Según reveló La Tercera, Valencia señaló que es "un avance tanto en materia de seguridad pública como de la adecuada coordinación que debe ejecutarse para cumplir el rol que al Estado, en su conjunto, le corresponde en la materia". Sin embargo, aseguró que algunas de las funciones que tendría el Ministerio de Seguridad "guardan directa relación con aquellas que la Constitución encomienda, en forma exclusiva, al Ministerio Público".
Particularmente, el persecutor presentó sus reparos con el artículo 2º del proyecto, el cual establece que el Ministerio de Seguridad "coordinará y articulará un Sistema de Seguridad Pública", el cual estará integrado por las fuerzas de orden y seguridad, además del Ministerio Público.
"Se hace necesario manifestar la preocupación de este fiscal nacional por los términos en que se incluye al Ministerio Público -organismo autónomo- dentro de las entidades públicas que forman parte del Sistema de Seguridad Pública, a las cuales el Ministerio de Seguridad Pública coordinará y articulará (...) No se comprenden ni comparten los términos en que se pretende incorporar al Ministerio Público junto a entidades públicas dependientes directa o indirectamente del Ministerio de Seguridad Pública o del Gobierno, atendida que la Fiscalía detenta un estatuto diferente, en tanto órgano del Estado y no gubernamental", ahondó.
Por lo que expresó que "me encuentro profundamente preocupado por la forma en que está redactado el artículo 2° del proyecto de ley y estimo que este debe ser redactado de forma de no generar un conflicto con las funciones propias y exclusivas del Ministerio Público", por lo que planteó cambiar este escenario y que la Fiscalía sea excluida como uno de los organismos que integren el Sistema de Seguridad Pública.
Cabe recordar que la Corte Suprema también reparó en su informe por la iniciativa en enero pasado, cuando sostuvo que aquello "puede debilitar la independencia judicial".
Por otro lado, en términos de seguridad, el fiscal nacional planteó que con la iniciativa se hace necesario un efectivo "robustecimiento" de las policías y el Servicio Médico Legal (SML). Sobre Carabineros, afirmó que deben hacer presente "el profundo interés del Ministerio Público en tener incidencia de su carrera y formación académica, de manera que el desempeño de sus funcionarios en las investigaciones penales, que realizan bajo la dirección de los fiscales, pueda tener real incidencia en su calificación y ascenso profesional".
Valencia concluyó que se valora el proyecto y la creación del ministerio, pero recalcó que la Fiscalía "no es un órgano de la administración, sino un órgano autónomo del Estado, de rango constitucional, que se encuentra disponible a colaborar y emitir opinión fundada sobre materias de su competencia".
DIPUTADOS COINCIDEN
El diputado Johannes Kaiser expresó que comparte las "aprensiones" de Valencia: "Creemos que una Fiscalía que estuviese sometida al Ministerio es un peligro para la democracia, creemos que es un peligro para la seguridad de los ciudadanos que los fiscales deban responder al poder político y no a la ley".
En tanto, el diputado Jaime Araya (bancada PPD) dijo que "tenemos un ministerio que concentra muchísimo poder; de hecho, tiene la facultad de requerir datos de cualquier ciudadano sin ningún tipo de control. Como está diseñado, ese ministerio se va a parecer más bien a una suerte de policía política en malas manos, si uno se imagina -por ejemplo- un gobierno de Kast".
Los diputados tienen hasta el próximo lunes para presentar indicaciones a este proyecto, que empezará ser votado en particular en la comisión el miércoles.