Fundación Daya: Gazmuri descarta mal uso de recursos y apunta a municipios

El diputado republicano Juan Irarrázaval llegó hoy a la Contraloría a pedir que se restituyan a los municipios los dineros supuestamente mal utilizados por la Fundación Daya en la ejecución de diversos convenios para la atención de pacientes con cáncer mediante el uso de cannabis medicinal.

Los hechos se remontan al año 2016, cuando 11 municipios a lo largo del país suscribieron contratos con la ONG, encabezada en ese entonces por la actriz y hoy diputada Ana María Gazmuri (Acción Humanista).

Junto a esto, el parlamentario indica que ante la constatación de estos incumplimientos "no se ha solicitado la devolución o reintegro de los dineros depositados en la cuenta de la referida institución privada", adeudándose 171 millones de pesos en rendiciones y por tratamientos no entregados.

"Es importante que la Contraloría vea que esos recursos de las distintas comunas, de los vecinos, se restituyan cuanto antes, porque son incluso para atender sus necesidades de salud, como eran estos originalmente; exigir que lleguen a puerto esos tratamientos que no llegaron, porque lo único que llegó fueron rendiciones y esas rendiciones son cuestionables: helados, chocolates, almacén, confort, carne molida, Internet de la casa de la diputada, una estufa de leña para la sede de la Fundación Daya en La Florida", dijo Irarrázaval a la prensa.

Tras conocerse la denuncia del parlamentario republicano, la diputada de Renovación Nacional Ximena Ossandón, quien se ha opuesto al autocultivo de la cannabis para uso medicinal -de hecho, impugnó sin éxito la legislación ante el Tribunal Constitucional-, arremetió nuevamente contra la Fundación Daya.

"Creo que es muy importante que la autoridad sanitaria intervenga, ya que esta fundación en particular se presenta como enfocada en difundir el uso de la cannabis medicinal y, si se descubre que hay un mal uso de los recursos que recibe desde el Estado, se debería estudiar la posibilidad de revocar los permisos administrativos que le permiten, excepcionalmente, cultivar y distribuir cannabis", señaló la legisladora.

RESPUESTA DE GAZMURI

La diputada Gazmuri descartó un mal uso de los recursos adjudicados y apuntó a los municipios por los proyectos que no llegaron a término.

Aseguró que sólo cuatro alcaldías -Quilicura, Chillán, Graneros y Antofagasta- cumplieron plenamente las labores que les correspondía según los convenios, como habilitar espacios de atención, recibir capacitación de la fundación y gestionar con los laboratorios la recepción de los fitofármacos en sus farmacias comunitarias, pero otras municipalidades no han cumplido con su parte.

Respecto a los gastos rendidos ante los municipios, Gazmuri explicó que, por ejemplo, "la alimentación que se compraba en supermercados y se cocinaba en el lugar (era) para dar a los 80 trabajadores y trabajadoras, medida mucho más económica que contratar un servicio externo"; que los bloqueadores solares eran "elementos fundamentales que son exigidos por el prevencionista de riesgo para los trabajadores y trabajadoras" en los cultivos; y que las chimeneas se usaron en los galpones donde trabajaban las mismas personas.

"En relación a la rendición que tiene que ver con una boleta de Internet, independiente de que efectivamente nació la fundación en mi casa y sí se ocupaba como un centro de operaciones y de coordinación, yo concuerdo con que es un error haber entregado esa factura, independiente de que correspondiera, estamos hablando de 45.000 pesos. Asumo el error, no es una acción que ejecutara yo personalmente", agregó.

La diputada de AH apuntó que la Contraloría debe revisar las rendiciones de cuentas que hicieron los municipios, cuatro de los cuales, en su momento, hicieron observaciones, y dijo esperar que éstos hayan incluido las correcciones que realizó también la fundación.

Sobre el requerimiento de Ossandón, Gazmuri apuntó que Daya no necesita ningún permiso especial para el autocultivo, porque el autocultivo es un derecho de cada paciente en su soberanía personal.