"Paro armado" del ELN causa desplazamiento de casi 3.000 personas en Colombia
Según la Defensoría del Pueblo, la movilización, que se extenderá por 72 horas, significó el traslado y confinamiento de 714 núcleos familiares
Mientras dure la acción "decretada" por la guerrilla solo se permitirá el paso de ambulancias, vehículos fúnebres y misiones humanitarias.
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) actualmente mantiene conversaciones de paz con el gobierno colombiano para el cese de la voilencia.
Durante la tarde de este martes se informó que al menos 2.893 personas en una zona rural del departamento colombiano del Chocó se han desplazado y confinado a raíz de un "paro armado" decretado por el Ejército Nacional de Liberación (ELN) y los enfrentamientos que sostiene esta guerrilla con las fuerzas paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Este es el sexto "paro armado" en la zona durante el 2023, afectando directamente a 20 comunidades afro e indígenas.
Durante estas acciones, las guerrillas restringen el desplazamiento de vehículos por carreteras y personas en las calles, amenazando con efectuar ataques. Mientras esté vigente el "decreto" solo se permite la movilización de ambulancias, vehículos fúnebres y misiones humanitarias, razón por la cual, en varios pueblos, escasean alimentos y otros artículos.
"No pueden utilizar el río Baudó ni los acostumbrados afluentes para llegar hasta sus cultivos, prácticamente su único medio de sustento, es una situación humanitaria que completa más de 48 horas, lo cual agrava y vulnera sus derechos fundamentales", indicó en un comunicado el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
El "paro armado", del ELN, impulsado por el Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez, obligó al confinamiento de 714 núcleos familiares –es decir, 2.893 personas– en la zona rural del municipio del Alto Baudó.
En el Pacífico Sur, una de las cinco subregiones del Chocó, ya se han producido cuatro eventos de confinamientos masivos en lo que va del año a raíz de la violencia ejercida por grupos armados ilegales.
"Necesitamos que las autoridades nacionales, departamentales y locales atiendan lo que ahora mismo está sucediendo. Las comunidades no pueden seguir viendo vulnerados sus derechos por la no atención y respuestas tardías de las instituciones públicas", enfatizó Camargo, haciendo un llamado a las autoridades a intervenir en la situación.