Carabinero cobraba mesada por "proteger" a locales de explotación sexual
Partió exigiendo 300 mil pesos en efectivo a la regenta de los establecimientos; luego tomó confianza, subió su tarifa y pidió transferencias electrónicas.
Los antecedentes fueron reunidos por la Sección de Asuntos Internos de la propia institución policial, que arrestó al uniformado y dispuso su baja.
Formalizado por cohecho reiterado, el ahora excarabinero quedó en prisión preventiva.
Carabineros denunció y dio de baja a un funcionario que fue descubierto exigiendo dinero a cambio de "protección" a locales dedicados a la explotación sexual de mujeres víctimas de trata en la ciudad de Calama (Provincia del Loa, Región de Antofagasta).
Según informó la Fiscalía, el uniformado fue denunciado por la regenta de dichos establecimientos, lo que derivó en una investigación de la Sección de Asuntos Internos de Carabineros (Saicar), en la detención y la baja del imputado, y en su formalización -por delito de cohecho reiterado- ante el Juzgado de Garantía de la ciudad.
El ahora expolicía quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva y el tribunal dispuso un plazo de investigación de 70 días.
"Como Ministerio Público, contamos con la colaboración de Saicar, que llevó adelante indagaciones que permitieron establecer la ocurrencia de los hechos y la participación del imputado en estos cobros ilegales", explicó el fiscal Claudio Rojas.
Por el delito de cohecho reiterado, la Fiscalía de #Calama formalizó a un ex funcionario de Carabineros que habría otorgado protección a locales donde se explotaba sexualmente a víctimas de trata de personas. El imputado quedó en prisión preventiva.
— Fiscalía Regional de Antofagasta (@FRANTOFAGASTA) December 21, 2023
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ACTUAR CORRUPTO
De acuerdo con los antecedentes reunidos en la indagatoria y expuestos en la formalización, el actuar corrupto del imputado se inició en enero de 2022, cuando tomó contacto con la regenta de los locales y le exigió el pago de 300 mil pesos mensuales -en efectivo- a cambio de servicios de "protección": evitaría que los recintos fueran fiscalizados e infraccionados.
La mujer aceptó en los primeros días de febrero de 2022, efectuando el primer pago en efectivo. La "mesada" continuó en esas condiciones hasta octubre del mismo año, cuando el imputado elevó unilaterlamente la tarifa de sus "servicios" y exigió que, en lo sucesivo, se le transfiriera electrónicamente el dinero a sus cuentas bancarias.
Las transferencias se materializaron hasta julio de 2023 y totalizaron 5 millones 930 mil pesos; esto sólo en depósitos bancarios, que se suman a los cobros en efectivo previos.