Alcaldes piden a Boric utilizar el 2% constitucional por la crisis de seguridad

Hasta la Oficina de Partes de La Moneda llegó este martes el alcalde de La Granja, Felipe Delpin (DC), su par de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo (independiente), y el diputado del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, para entregar una carta al Gobierno donde piden disponer del 2% constitucional para atender la crisis de seguridad.

La misiva apunta a la facultad extraordinaria contemplada en el numeral 20 del Artículo 32 de la Constitución, que permite al Mandatario, "con la firma de todos los Ministros de Estado, (...) decretar pagos no autorizados por ley para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no puedan paralizarse sin serio perjuicio para el país".

Ante la serie de homicidios que han marcado las últimas jornadas, el texto aboga por disponer de 1.800 millones de dólares adicionales contra el crimen organizado. 

Asimismo, llama a convocar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) y decretar un Estado de Excepción Constitucional en la Región Metropolitana.

"Yo creo que (desde) hace mucho tiempo venimos ya sobrepasados, ¿no? Si lo vemos día a día: vemos las balaceras, los fuegos artificiales, y tú dices, ¿pero y por qué? ¿Se han tomado medidas? Sí, pero en las calles no hay carabineros, no hay policías, no hay resguardo", alertó Delpin.

Remarcó que "La Granja, dentro de sus posibilidades, tiene 11 vehículos que financiamos nosotros, pagamos bencina, contratamos a 30 personas. Eso suma en el año una gran cantidad de millones. Tratamos de dar respuesta, pero no basta. Aquí quien tiene que asumir es el Estado, es el Gobierno. Ellos administran, ellos dirigen el país, ellos tienen la papa caliente en las manos, ellos tienen que resolver este problema".

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RONDA DE MONSALVE CON ALCALDES

En paralelo, el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, comenzó hoy una ronda de reuniones con diferentes alcaldes con miras a lograr, en un plazo de dos semanas, una propuesta consensuada para poder mejorar el combate contra el crimen organizado.

Uno de los participantes de los primeros encuentros es el alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), quien opinó que "no se tiene que eliminar ninguna alternativa. En la situación que estamos viviendo, claro que es necesario hacer un análisis objetivo, ver cuál de todas estas medidas puede tener más impacto".

"Hay que sacarse todos los prejuicios y en este minuto hay que poner en el centro a las personas. Las personas necesitan que todas las instituciones actúen de manera mancomunada y coordinada. El que no quiera participar de esos espacios de coordinación, en realidad, no le hace daño a quienes proponen estas ideas, le hace daño a la gente", agregó.

VALLEJO: "NI PÍLDORAS NI ALICIENTES"

En la mañana, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, desestimó los llamados que han hecho algunos sectores para que el Presidente Boric convoque al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena).

"Efectivamente, se están teniendo solicitudes en materia de seguridad de distinto tipo, pero lo importante para nosotros es poder tomar decisiones en torno a medidas y políticas que sean eficientes y eficaces, o sea, que sirvan, no que sean una píldora más, que sirvan de algo. Pero respecto al Cosena, no da resultados más que elaborar una opinión o un diagnóstico", sostuvo la portavoz.

"Nosotros necesitamos acuerdos, acciones o decisiones que impliquen resultados. Insisto, no píldoras ni alicientes, sino resultados. Eso es en criterio general", enfatizó.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton (RN), estimó que "la ministra se equivoca, porque para poder ejecutar acciones que den resultados y den una señal clara a la ciudadanía de que esta batalla contra el crimen organizado no se está perdiendo, debe dejarse asesorar de manera permanente".

Según el diputado opositor, de esta manera habrá "un diagnóstico claro -porque no lo hay en relación con la cantidad de hechos violentos que ocurren a diario en nuestro país-, y además para que tomen medidas en relación con ese diagnóstico, que sólo las instituciones que velan por la seguridad pueden dar al Presidente de la República".