Contraloría objetó usos y rendiciones de fondos aportados a Mostazal por casino Monticello
Una auditoría del organismo detectó millonarias irregularidades bajo la gestión del alcalde Santiago Gárate.
Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía y al Consejo Defensa del Estado "para los fines que en derecho correspondan".
La Contraloría anunció la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas.
La Contraloría General de la República detectó millonarias irregularidades en los usos dados por la Municipalidad de Mostazal (Provincia de Cachapoal, Región de O'Higgins) a los fondos que le aporta, por ley, el casino Monticello.
El organismo dio a conocer el informe final de una auditoría y examen de cuentas que realizó "a los ingresos percibidos y gastos efectuados por la Municipalidad de Mostazal en virtud de los fondos provenientes de la Ley N°19.995, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de Casino de Juego".
La revisión incluyó todo el año 2022 (desde el 1 de enero al 31 de diciembre); es decir, corresponde a la gestión del actual alcalde, el independiente Santiago Gárate Espinoza.
Al cabo de ésta, Contraloría anunció la apertura de un procedimiento disciplinario "con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas"; y comunicó el envío de los antecedentes "al Ministerio Público y al Consejo Defensa del Estado para los fines que en derecho correspondan".
LAS IRREGULARIDADES
El mencionado informe consta de 157 páginas (ver archivo adjunto) y da cuenta de al menos seis situaciones irregulares.
Detalla que durante 2022 el municipio efectuó transferencias a la Corporación de la Cultura de Mostazal por 300 millones 250 mil pesos, de los cuales 122 millones correspondieron a aportes realizados en virtud de un convenio suscrito entre ambas entidades, "cuya aplicación no se ajusta a lo dispuesto en la letra a) del artículo 60 de la ley N°19.995 (...) y no se aviene al principio de legalidad del gasto" consagrado en la Constitución Política.
"En razón de ello, el municipio deberá restituir dichos recursos desde la cuenta corriente en la que administra los fondos ordinarios, a la cuenta corriente habilitada para el manejo de los fondos provenientes de la ley N° 19.995" de casinos.
Por otro lado, la alcaldía transfirió 415 millones 940 mil pesos al Departamento de Administración de Educación Municipal, de los cuales "no existen rendiciones (...), por lo que se desconoce en qué fueron aplicados".
Adicionalmente, "existen a lo menos $60.940.000, que fueron transferidos (a ese mismo Departamento) sin que conste si su destino corresponde o no a obras de desarrollo".
En otro punto, se constató que la alcaldía transfirió durante 2022 un total de 381 millones 594 mil pesos al Departamento de Salud Municipal de Mostazal, los que "no fueron utilizados en dicho periodo; y al no existir rendiciones (...) no fue posible determinar si el destino de los mismos corresponde a obras de desarrollo".
Asimismo, durante el período auditado, la Municipalidad pagó 220 millones 962 mil pesos "por concepto de mejoramiento, conservación y reparación de todas las plazas y áreas verdes, jardines de edificios municipales, espacios de calles y avenidas, además de reponer especies arbóreas ornamentales, entre otros aspectos"; y otros 651 millones 812 mil 40 pesos "por concepto de servicio de recolección y transporte de residuos domiciliarios, limpieza de calles y veredas y el aseo de ferias libres de la comuna de Mostazal, gastos que no se ajustaron a derecho" ni al principio de legalidad del gasto; los cuales deberán ser restituidos a la cuenta de las platas casino.
Contraloría también indica que "respecto de las entregas de ayudas sociales consistentes en vales de gas, alimentos y materiales para la construcción por $131.673.436, no se encontraba acreditada la recepción conforme por parte de los beneficiarios".
Finalmente, "se comprobó que en las compras de tres inmuebles por parte de la Municipalidad de Mostazal", por un total de 1.335 millones 105 mil 591 pesos, "existieron una serie de inconsistencias respecto de la relación entre el avalúo fiscal y el valor pagado; las tasaciones efectuadas; cumplimiento a la normativa técnica; determinación del precio a pagar; el fundamento de las compras y el destino de los bienes adquiridos".
Todo esto "denota una inobservancia por parte del anotado municipio a los principios de eficiencia y eficacia en el cumplimiento de sus funciones", sentencia Contraloría.