Fiscal de Ecuador afirma que buena parte del Estado está infiltrado por el "narco"
Diana Salazar ejemplificó su afirmación con el caso "Metástasis", que a finales de 2023 reveló una trata de corrupción judicial y policial a favor del crimen organizado.
La persecutora señaló que en dicha causa existen procesados de la Corte Nacional de Justicia, Policía Nacional y de la misma Fiscalía trabajando a cambio del dinero del "narco".
Durante los últimos meses, Salazar ha denunciado amenazas de muerte y e incluso un plan para acabar con su vida, como ocurrió el pasado 17 de enero con el fiscal César Suárez, quien estaba a cargo de la investigación de varios casos criminales.
La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, aseguró que "buena parte del Estado ha sido infiltrado" por el crimen organizado y el narcotráfico, una situación que llevó al presidente Daniel Noboa a reconocer la existencia de un "conflicto armado interno" de manifiesto en la escalada criminal que ha situado al país entre los más violentos de la región.
Como ejemplo de esa infiltración, Salazar mencionó el caso "Metástasis", que a finales del año pasado reveló una supuesta trama de corrupción judicial, policial y carcelaria a favor de estructuras criminales, tras acceder a la información que contenía el teléfono celular del presunto narcotraficante Leandro Norero, asesinado en 2022 en la cárcel de Latacunga.
"'Metástasis' es una clara radiografía de cómo la delincuencia organizada ha permeado muchas instituciones del Estado. En esta causa tenemos procesados de la Corte Nacional y cortes provinciales de Justicia, del Consejo de la Judicatura, de la Policía Nacional, de la misma Fiscalía, abogados, particulares y más, todos ellos trabajando a cambio del dinero del 'narco'", explicó Salazar en declaraciones emitidas por escrito.
"Creo que esto deja claro que es un hecho que buena parte del Estado ha sido infiltrado", señaló la fiscal general, quien ocupa este cargo desde 2019.
EN CONSTANTE RIESGO
Durante los últimos meses, Diana Salazar ha denunciado amenazas de muerte y e incluso un plan para acabar con su vida, como ocurrió el pasado 17 de enero con el fiscal César Suárez, quien estaba a cargo de la investigación de varios casos criminales de alto perfil, entre ellos la reciente toma del canal TC Televisión por un comando armado.
Los amedrentamientos "son un riesgo que corremos todos los ciudadanos que no queremos un país controlado por el 'narco' o por criminales y que hacemos algo para cambiar la realidad actual", consideró.
"Como fiscal general, el riesgo personal es mucho mayor, porque –de alguna manera– es plantarle cara a todos los delincuentes", relató Salazar, cuya vida cotidiana ha cambiado radicalmente debido al riesgo que corre permanentemente.
Salazar, que se ha ganado el apelativo de "dama de hierro" por su firmeza, asegura que pese a todo no pierde la esperanza. "No todo está perdido, pero es momento de actuar y es lo que como institución estamos haciendo", subraya.
Después de que varios fiscales hayan sido asesinados por las bandas criminales, todos los funcionarios del ministerio público que solicitan seguridad cuentan con ella, para que de esta forma "se sientan respaldados por la institución en la persecución de los delitos".
Respecto a las víctimas y testigos, la fiscal recuerda que el sistema de protección "se encuentra declarado en emergencia desde hace casi dos años, por la falta de recursos".
"Sin embargo -apunta-, trabajamos con las mismas premisas de siempre: salvaguardar la vida e integridad de las personas durante y después de los procesos penales, para obtener justicia".
"NADIE ESTÁ POR SOBRE LA LEY"
Consultada por las denuncias hechas por varias ONG sobre presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas durante sus intervenciones en las cárceles, Salazar enfatiza: "nadie está por sobre la Ley. La Fiscalía investiga todos los hechos de los que tiene conocimiento a petición de parte y de oficio".
"Debido al decreto (que declara el 'conflicto armado interno'), la Policía y las Fuerzas Armadas actúan sin la necesidad de que un agente fiscal se encuentre presente", detalla. Uva vez que agentes o militares concluyen su trabajo, ponen el resultado de sus actuaciones en manos de la autoridad competente con los elementos que hayan encontrado, para que la Fiscalía pueda continuar con el trabajo, explica.
"Esa es la coordinación que hay: cumplir con la ley, con los tiempos, de manera que se actúe como corresponde, sin vulnerar los derechos de las personas, y que se logren las sentencias con las investigaciones respectivas. Cada institución cumple con sus competencias", asegura.