Fiscalía pide desafuero del diputado Ojeda: Lo acusan de fraude al fisco
El parlamentario republicano está acusado en el marco del caso "Manicure".
La Fiscalía anunció que pedirá medidas cautelares para el parlamentario.
El Ministerio Público ingresó este jueves una solicitud de desafuero en la Corte de Apelaciones de Temuco en contra del diputado Mauricio Ojeda, por su presunto vínculo a la arista manicure en el marco del Caso Convenios.
En esta causa, la Fiscalía investiga delitos de corrupción en convenios por más de 700 millones de pesos firmados entre el Gobierno Regional de La Araucanía y las fundaciones Folab y Educc.
La investigación alcanzó a Ojeda a quien acusan que, siendo diputado, en 2022 entregó aportes económicos a la directora y representante legal de Folab, Rinett Ortiz, quien le habría expresado presuntos problemas económicos de la ONG.
Esa ayuda, según la Fiscalía, llevó al diputado a "intervenir" para que el Gobierno Regional sellara los convenios con la fundación, investigada por mal uso de los recursos públicos asignados para realizar cursos de capacitación en spa y tratamientos de belleza, publica La Tercera.
Hoy en la causa, hermanos Rinnet y Juvenal Ortiz están en prisión preventiva.
El fiscal regional Roberto Garrido explicó que "el objetivo de la solicitud de desafuero es poder no solo formalizar la investigación, sino que formular una petición de medidas cautelares a los antecedentes que hemos logado reunir".
"Los delitos que nosotros, en este caso, consideramos en los que existen antecedentes que permiten presumir fundadamente la participación del parlamentario dicen relación con el delito reiterado de fraude al fisco, tres delitos de fraude: dos en carácter de consumado y otro en frado de frustrado, que le correspondería –desde nuestro juicio- presumiblemente participación", aclaró.
Por lo que enfatizó que "no solo necesitamos formalizar la investigación, sino también requerir la imposición de medidas cautelares".
La indagatoria mantiene a tres personas en prisión preventiva, los hermanos Ortiz y una funcionaria del Gobierno Regional. Asimismo, la situación ha alcanzado al gobernador Luciano Rivas (independiente-Evópoli), quien también tiene carácter de imputado en este caso.