Corte Suprema frenó investigación de la Fiscalía sobre la muerte del conscripto Vargas

La Segunda Sala de la Corte Suprema acogió este viernes la orden de no innovar solicitada por la Fiscalía Militar para dejar sin efecto las diligencias que el Ministerio Público y el Juzgado de Garantía de Arica llevaban a cabo respecto de la exhumación del cuerpo del conscripto Franco Vargas, quien perdió la vida el 27 de abril durante una instrucción militar en Putre.

La audiencia solicitada por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, para acceder a la exhumación del soldado estaba fijada para el 4 de junio. Sin embargo, durante esta semana el Ministerio Público Militar realizó la mencionada solicitud a fin de que se detenga la indagatoria mientras el máximo tribunal no resuelva la contienda competencia.

El Ministerio Público de Arica realizó la solicitud de exhumación con el propósito de realizar una nueva autopsia, aplicando el Protocolo de Minnesota.

"A lo principal del escrito 43427-24: Sin perjuicio que lo que se resuelva en cuanto al fondo del asunto, atendido lo expuesto por el Fiscal General Militar del Ministerio Público Militar, y a fin de no afectar la investigación que se lleva a cabo, se concede la orden de no innovar solicitada, debiendo en consecuencia, inhibirse el Ministerio Público y el Juzgado de Garantía del conocimiento de la presente causa, mientras se resuelva la contienda de competencia suscitada", afirma la resolución de la Corte Suprema.

El máximo tribunal adoptó la resolución con votos en contra del ministro Leopoldo Llanos y del abogado integrante Juan Carlos Ferrada.

Se espera que la resolución respecto de la contienda de competencias se dará a conocer dentro de los próximos días, instancia en que se informará sobre la entidad que deberá llevar a cabo la indagatoria: la Fiscalía Militar o el Ministerio Público.

Igualmente, sorpresa causó en algunas partes de la causa porque el Ministerio Público no solicitó la inhabilidad del juez Jean Pierre Matus, quien fue asesor jurídico del Ejército durante el estallido social.

Al respecto, el fiscal nacional Ángel Valencia precisó que "los abogados de recursos procesales estimaron que no era necesario o procedente pero, sin embargo, en el rol de innovar siempre puede pedirse una reposición de aquello, de lo resuelto. De momento es un momento estrictamente jurídico de son los tribunales de justicia los que lo resuelvan".

ABOGADO DE FAMILIA VARGAS: ES FUNDAMENTAL QUE LA INVESTIGACIÓN SEA RÁPIDA

Por su parte, el abogado Sebastián Andrade, que patrocina a la familia Vargas, sostuvo en conversación con CNN Chile que el Ejército ha caído en hostigamientos hacia la madre del conscripto, Romy Vargas, con llamadas insistentes, mensajes de Whatsapp y visitas al domicilio en horarios no acordado.

Asimismo, sostuvo que el Ejército debe explicar "por qué deciden presentar esta orden y pedirle a la Corte Suprema que mientras no se resuelva la contienda, se paralice toda investigación. Investigación que es fundamental que sea rápida porque la evidencia también se empieza a perder".

"La sensación que yo percibo, porque cuando se dirima la competencia, sea la justicia militar o civil, uno tendría que hacer entrega a la otra, pero lo importante acá era avanzar", apuntó.

Insistió en que "esa pregunta sería, como dije anteriormente, muy bueno hacérsela al Ejército, ¿cuál es la motivación para pedir que toda investigación y recolección de evidencia se detenga?".

El hecho preocupa al Instituto de Derechos Humanos (INDH), cuya directora Consuelo Contreras, advirtió que el Estado chileno podría enfrentar sanciones de tribunales internacionales por quebrantar tratados de protección de DD.HH., si es que el caso queda en manos de la justicia militar.