¿De qué se acusa exactamente a Daniel Jadue?
El alcalde de Recoleta quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por cinco delitos de corrupción presuntamente cometidos al mando de las Farmacias Populares.
Se le atribuye administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al Fisco.
El excandidato presidencial del Partido Comunista asegura ser inocente y víctima de "una persecución y un montaje" de la Fiscalía y los medios de comunicación: "Quieren tener un trofeo de (ver caer a) alguien que se atrevió a desafiar el modelo", sostiene.
El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quedó en prisión preventiva este lunes al concluir la audiencia de formalización -que se extendió cuatro días- donde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte le imputó cinco delitos de corrupción que presuntamente cometió al mando de la ya extinta Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
Las figuras penales que se le atribuyen al exprecandidato presidencial son las de administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y delitos reiterados de fraude al Fisco, que habrían tenido como principal víctima a la Municipalidad de Recoleta.
Además de Jadue, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago envió a prisión preventiva a Matías Muñoz, exsecretario ejecutivo de la Achifarp, imputado como autor de los delitos de cohecho cometido por empleado público, administración desleal, fraude al Fisco reiterado y malversación de caudales públicos.
En tanto, en la arista de fraude al Fisco, Eduardo Sendra Arratia, director del SAR de Recoleta, quedó sujeto a las cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional.
En la primera jornada de formalización, iniciada el miércoles pasado, el tribunal ya había decretado medidas para otros cuatro imputados: firma mensual y arraigo nacional para María Matus Pérez y Raúl Moraga Lagarrigue, quien también fungió como secretario de las Farmacias Poulares; arraigo para Álvaro Castro Robles; y firma quincenal, arraigo, prohibición de acercarse a la Municipalidad de Recoleta y tomar contacto por cualquier medio con los coimputados para María Eugenia Chadwick Sendra.
El octavo encausado es Patricio Zavala Espinoza, quien no asistió a la formalización por encontrarse con licencia médica; el Juzgado fijó nueva audiencia para el lunes 15 de julio.
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El detalle de los delitos imputados y de las actuaciones concretas que se le atribuyen al alcalde Jadue -y que hoy lo tienen en la cárcel- es el siguiente:
La estafa a proveedora de insumos médicos
El origen del caso se remonta a 2021, cuando la empresa Best Quality Products SpA se querelló por el delito de estafa, acusando que en 2020, en plena pandemia del Covid-19, vendió insumos médicos a la Achifarp, pero estos no fueron pagados. El monto asciende a cerca de 1.000 millones de pesos.
La Fiscalía sostiene que Jadue, que como jefe directivo de las Farmacias Populares, sabía que no tenían el dinero suficiente, pero aparentó que existía.
El cohecho: pidió donación para comunal PC
El cohecho, en tanto, lo habría cometido en julio de 2020, cuando negoció con ejecutivos de Best Quality elegir a esta compañía como proveedora de la Achifarp, pero a cambio les solicitó que entregasen un set de productos en la sede comunal del Partido Comunista en Recoleta, una "donación" avaluada en más de 20 millones de pesos.
La Fiscalía mostró imagénes y documentos para sostener esta hipótesis.
Municipalidad de Recoleta, víctima
El Ministerio Público situó a la Municipalidad de Recoleta, y por consiguiente a los vecinos y vecinas de la comuna, como víctimas de los presuntos actos de corrupción del alcalde.
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la formalización, Jadue utilizó dineros del municipio para saldar deudas de las Farmacias Populares, constituyendo una posible privación de un lucro legítimo para las arcas comunales.
Por ejemplo, se apuntó al mediático convenio -durante la pandemia- de la Achifarp con la Universidad de Concepción para la investigación sobre el bullado Interferón como posible fármaco para tratar el Covid. Aunque consideraba un aporte en dinero de las Farmacias Populares, nunca se completó, pero se valió de platas de Recoleta para pagar deudas de la Achifarp. Esta arista, según la Fiscalía, involucra más de 200 millones de pesos.
En esta causa también es parte querellante el Consejo de Defensa del Estado. El Tercer Juzgado de Garantía decretó un plazo de 120 días para la investigación.