Invalidan peritaje de Van Rysselberghe en polémico informe por causa de DDHH
El sargento (r) de Carabineros José Otarola, condenado por múltiples asesinatos en Laja-San Rosendo en 1973, había sido declarado como enajenado mental por la psiquiatra y exsenadora.
Ministro en visita concluyó que la otrora timonel UDI "debió inhabilitarse" del examen, dadas sus "declaraciones de apoyo" a la dictadura.
El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la jurisdicción Concepción y Chillán, Carlos Aldana, ordenó este martes al Servicio Médico Legal (SML) de Santiago proceder, a la brevedad, a designar a un nuevo especialista en psiquiatría para que examine al excarabinero José Otárola, condenado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
En la resolución, el juez especial acogió la tacha deducida por los querellantes en contra de la perito que examinó al reo, la la psiquiatra y exsenadora Jacqueline van Rysselberghe, por lo que, consecuencialmente, le restó toda validez jurídica a un polémico informe que evacuó la profesional.
Ministro para causas de DDHH de la Corte de Concepción, Carlos Aldana, declara inválido peritaje realizado por la médico psiquiatra del SML, Jacqueline Van Rysselberghe, donde declaraba la enajenación mental de un condenado por 19 homicidios (Laja-San Rosendo) @Cooperativa
— Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) June 4, 2024
"Como bien sostienen los querellantes, es público y notorio que la doctora Jacqueline van Rysselberghe ha formulado declaraciones de apoyo a personas condenadas por violaciones de derechos humanos, al concurrir al CCP de Punta Peuco, expresando al diario de circulación nacional 'La Tercera', que 'No me siento acomplejada, yo creo que aquellas personas que están con enfermedades terminales deberían conmutarse para que la terminen en su casa', dichos que como perito pueden reflejar un interés anticipado que le resta imparcialidad y objetividad en el resultado de la pericia, incurriendo así en la causal de recusación contemplada en el artículo 232, N° 2° del Código de Procedimiento Penal y en la inhabilidad contemplada en la 'NORMATIVA TÉCNICO PERICIAL DE SALUD MENTAL', que en su número 7.4, en cuanto prevé como causal a 'Cualquier otra circunstancia que comprometa el principio de imparcialidad del peritaje (Creencias, prejuicios, contratransferencia entre otros)'", sostiene la resolución.
El dictamen agrega: "Que de lo reflexionado se colige que la perito debió inhabilitarse para realizar la pericia encomendada y al no hacerlo, se acoge la tacha respectiva, restándole toda validez, debiendo, en consecuencia, designarse un nuevo perito para realizar su cometido. Que conforme a lo razonado precedentemente, se declara, que se acoge la tacha deducida por los querellantes en contra de la perito doña Jacqueline van Rysselberghe y por consiguiente se le resta toda validez jurídica a su informe 8-CCP-PQA-60-2024 que rola a fs. 330".
"En consecuencia y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 224 del Código de Procedimiento Penal, se dispone que el Servicio Médico Legal de Santiago designe, a la máxima brevedad, a otro profesional médico psiquiatra adulto, cuyo nombre comunicará al tribunal, para que efectúe una pericia al condenado José Jacinto Otárola Sanhueza, que se encuentra cumpliendo en el CCP Bío Bío, perito que deberá fijar fecha y hora para el reconocimiento o examen del periciado y comunicarlo al tribunal, con al menos tres días de anticipación, a fin de ponerlo en conocimiento de las partes, para los efectos que correspondan", ordenó el ministro Aldana.
INFORME DE JVR PERMITÍA EXCARCELAR A CONDENADO
La polémica surgió luego de que Van Rysselberghe participara en las pericias psiquiátricas realizadas al sargento en retiro de Carabineros José Otárola, quien fue condenado a 15 años de cárcel por su participación directa en la matanza de Laja-San Rosendo, ocurrido en septiembre de 1973 y en el que 19 extrabajadores de EFE y agricultores fueron ejecutados por la policía una vez concretado el golpe de Estado.
El documento del SML, en el que participó la expresidenta de la UDI, estableció la enajenación mental del excarabinero, lo que permitía su salida de la cárcel.
Sin embargo, Van Rysselberghe había sido contratada en el organismo para cumplir realizar peritajes de casos criminales calificados como "brechas" entre los años 2018 y 2022.
Así mismo lo recordó a finales de mayo el SML, en un comunicado donde ratificó que "los peritajes vinculados a violaciones de DD.HH. en dictadura no corresponden a dicho Plan de Brechas".
Por ello, el organismo abrió "la realización de un sumario administrativo para esclarecer las razones por la que fue asignado este peritaje a la mencionada profesional, y para determinar las posibles responsabilidades en esta situación".
De igual forma, el SML anunció que "la Dirección del Servicio ha determinado que todas las causas de violaciones a los Derechos Humanos, y los peritajes solicitados, sean coordinados desde el nivel central de la institución, a través de la Subdirección Médica".
"NO SE HA CUESTIONADO EL RESULTADO DEL PERITAJE", DICE ABOGADO DE OTÁROLA
Hans Laurie, abogado de Otárola, afirmó que "el resultado, las conclusiones de este informe, es coherente con la ficha clínica de mi representado y otros peritajes psiquiátricos que están acompañados al proceso".
"En lo esencial, no se han cuestionado las conclusiones del peritaje mismo, en circunstancias, entonces, que ha dispuesto que otro profesional del SML practique la pericia psiquiátrica a mi representado", señaló el jurista.
"Tenemos la confianza, la convicción, de que las conclusiones de la patología mental de mi representado serán las mismas que se han expuesto en este informe y en otros que están agregados al proceso", agregó.
"UNA NEGLIGENCIA"
Gloria Urra, dirigenta de la Agrupación de Familiares de la Víctimas de Laja-San Rosendo, estimó que hubo "una negligencia, un error, de parte del director (del SML) y de parte de la señora Jacqueline van Rysselberghe".
La dictadura de Chile duró 17 años y dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, prisioneros políticos y torturados, según cifras de la comisión oficial que recopiló testimonios de víctimas y familiares. Más de 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado.