Justicia autorizó que Llaitul sea hospitalizado si su salud lo exige
El líder de la CAM anunció a inicios de mes una huelga de hambre buscando la anulación de su condena de 23 años de cárcel.
"Obligar a ingerir forzadamente alimentos (a una persona) podría considerarse tortura", apuntó Karina Riquelme, abogada de presos mapuche.
El activista fue sentenciado por usurpación, hurto, atentado contra la autoridad y delitos contra el orden público.
La Justicia autorizó que el líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, sea derivado por Gendarmería a un recinto hospitalario si la huelga de hambre que anunció a inicios de este mes así lo exige.
El activista echó a andar la medida de presión buscando la nulidad del juicio que lo condenó a 23 años de cárcel por usurpación, hurto, atentado contra la autoridad y delitos contra el orden público con infracción a la Ley de Seguridad del Estado.
Según informa este martes El Mercurio, la Dirección Regional de Gendarmería en el Biobío presentó un recurso de protección para solicitar su hospitalización en caso de que se presente una emergencia, y éste fue acogido por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción.
La huelga de Llaitul "constituye un atentado a su vida e integridad física", y la autorización que solicitó la institución penitenciaria busca "que se le brinde una total y completa atención médica", razonó el tribunal de alzada.
Pablo Urquízar, excoordinador nacional de seguridad de la Macrozona Sur, analizó -en declaraciones al matutino-, que ante casos anteriores "se ha creado una opinión jurídica de que la huelga de hambre es parte de la autonomía de la persona, incluidas sus consecuencias, y que suministrarle alimentación contra su voluntad sería una especie de castigo".
Por ello, desde Gendarmería "se acude a la justicia para buscar autorización".
Karina Riquelme, abogada de presos mapuches, opinó que frente a este tipo de situaciones "hay dos derechos que se contraponen: el de manifestarse y el derecho a la vida, como plantea Gendarmería", y "ninguno de estos derechos debiera conculcar la dignidad de quien los ejerce".
En esta línea, advirtió que "la posibilidad de obligar a ingerir forzadamente alimentos (a un condenado) podría ser considerada tortura o trato inhumano y degradante".