Gobierno descarta cerrar Punta Peuco por sobreproblación de cárceles comunes

El Gobierno descartó que esté considerando cerrar la cárcel de Punta Peuco -abierta en 1995 para albergar a violadores de derechos humanos-, si bien el Presidente Gabriel Boric había reabierto la posibilidad en septiembre pasado, en vísperas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

La razón para no evaluar el fin del bullado penal es la sobrepoblación que viven los recintos penitenciarios comunes, expuso el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, en un oficio dirigido a la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, Karol Cariola (PC).

El secretario de Estado respondió así a las solicitudes emanadas desde a Cámara Baja, que en septiembre aprobó tres proyectos de resolución que pedían al Presidente Boric que cierre Punta Peuco y reubique a sus internos en penales comunes, como Colina I.  

"Sin perjuicio de lo expuesto en el oficio que se remite, cabe hacer presente que, atendida la situación de sobrepoblación que actualmente enfrentan los establecimientos penitenciarios en todo el país, en concepto de esta Administración no aparece como conveniente impulsar medidas que impliquen el cierre de establecimientos o el traslado masivo de personas privadas de libertad entre distintos recintos penales", sostuvo Cordero en el escrito, de acuerdo con 24 Horas.

También desestimó la posibilidad de "abrir" Punta Peuco a presos comunes y destinarlo a reclusas embarazadas o con hijos pequeños, como propusieron diputados oficialistas.

"La ubicación geográfica del Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco no lo hace un lugar idóneo para la custodia de mujeres embarazadas y/o que permanezcan al cuidad de sus hijos lactantes", argumentó el ministro.

En el Congreso, Cordero puntualizó que "nosotros en Punta Peuco tenemos 135 personas privadas de libertad, y en el caso de Colina 1, donde también hay cumplimiento de personas por delitos de lesa humanidad, son 181. En ambos lugares hay sobrepoblación".

"En segundo lugar, Punta Peuco está en una zona de la cual carece de agua. Los pozos con los cuales se abastecía Punta Peuco están secos y, por lo tanto, Punta Peuco hoy día se abastece con camiones aljibes, en términos de agua. Es un penal, por cierto, como cualquier otro, que puede ser objeto de adecuación, pero desde el punto de vista del cierre del establecimiento, es imposible", aseguró.

El penal, emplazado a 35 kilómetros al norte de Santiago, se construyó bajo el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) para el cumplimiento de penas de exmilitares condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Su cierre ha sido una demanda reiterada de la izquierda a lo largo de los años y al final del segundo Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) estuvo a punto de concretarse, pero el ministro de Justicia, Jaime Campos, rehusó firmar el decreto respectivo.

MOLESTIA OFICIALISTA

Esta situación generó molestia por parte de algunas diputadas oficialistas, las que cuestionaron que no se cumpla con una de las promesas del programa de gobierno.

La diputada comunista Lorena Pizarro, expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), calificó lo expuesto por Cordero como "una declaración lamentable".

"Me parece una determinación política que no comparto en nada. El cierre de Punta Peuco no es una demanda antojadiza; tiene que ver con ir terminando con resabios de impunidad que se fueron construyendo a partir de la transición pactada", señaló la legisladora e histórica activista por los derechos humanos.

"No desconocemos ni ignoramos la condición carcelaria en el país, el hacinamiento que se vive y por eso hay una propuesta alternativa, que aquellas mujeres embarazadas o con niños menores de dos años puedan ser recluidas en este centro, que reviste condiciones para la permanencia de menores allí", señaló Pizarro. 

La diputada María Candelaria Acevedo (PC) dijo que "a mí me parece lamentable que el ministro y el Presidente no cumplan con su palabra, en lo que es dentro del programa de gobierno en la cual ellos se comprometieron a cerrar Punta Peuco y sacar a todos los violadores de derechos humanos y que vayan a las cárceles que corresponden".

Desde el Frente Amplio, la diputada Emilia Schneider sostuvo que "yo esperaría que antes de que termine este Gobierno se cierre el penal Punta Peuco. Si el problema es el hacinamiento carcelario, redestinemos el penal Punta Peuco para otros fines como, por ejemplo, la reinserción. Pero tenemos que avanzar, no podemos renunciar a cumplir con un compromiso clave en materia de derechos humanos para nuestro país y para nuestra democracia".

Consultada por los dichos del ministro, su par de Defensa, la socialista Maya Fernández, quien como diputada levantó como bandera de lucha el cierre de Punta Peuco, evitó entregar comentarios: "No voy a entrar a conversar temas de otros ministerios. En eso fue claro el ministro de Justicia".

POLÉMICA POR PROYECTO

En paralelo, polémica ha generado un proyecto presentado por la bancada de RN, que busca endurecer penas a quienes cometan delitos de gravedad.

El diputado Johannes Kaiser presentó una indicación, en la que busca que los mayores de 75 años cumplan sus penas en sus hogares, lo que abre un flanco en el caso de los violadores de derechos humanos.

"¿Por qué esto? Uno, le hace imposible la gestión a Gendarmería, porque no es un hospicio, no es un hospital, no es un lugar donde uno va a morir en una cárcel, es muy difícil seguir con los reglamentos internos si tú tienes a gente en esas condiciones. Dos, sobrepoblación de personas en esa situación. Esto también es un tema de derechos humanos", comentó el parlamentario.

El diputado Leonardo Soto (PS) calificó esto como "caballo de troya" y recalcó que "evidentemente es un engaño a la opinión pública, lo hacen de manera solapada, oculta, y busca vaciar Punta Peuco de los criminales más graves y más brutales que ha conocido nuestro país".