A solicitud de los querellantes, tribunal revisó las medidas cautelares reales de Jadue
Esta audiencia ve la disposición patrimonial del imputado y se fija con la finalidad de asegurar la existencia de bienes suficientes para, eventualmente, fijar una reparación o indemnización.
La abogada querellante Diana Venegas indicó que "se quiere asegurar que no se transfieran esos inmuebles y así con el patrimonio del imputado se pueda pagar a nuestro representado".
La lectura de las medidas será este jueves, ya que la audiencia se suspendió para revisar los antecedentes.
Esta jornada se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas cautelares reales de Daniel Jadue en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, la cual fue solicitada por los querellantes.
Esta audiencia apunta a la disposición patrimonial del alcalde de Recoleta, y se fija con la finalidad de asegurar la existencia de bienes suficientes para, eventualmente, fijar una reparación o indemnización de un delito.
Desde la parte querellante señalaron que el alcalde se atribuyó poder y capacidad de negociación por un monto de más de 1.000 millones en insumos con su empresa y reclama la prohibición de celebrar actos de contrato por el delito de estafa a su representado César Ramírez, a tres departamentos, dos casas y un vehículo, avaluados en 549 millones de pesos, lo que corresponde a la mitad del perjuicio total.
La abogada querellante, representante de la empresa Best Quality SPA, Diana Venegas, indicó que "se quiere asegurar que no se transfieran esos inmuebles y así con el patrimonio del imputado se pueda pagar a nuestro representado el monto por el cual fue defraudado".
"Esta solicitud de medidas cautelares fue en especial fundamentada por el perjuicio sufrido por el delito de estafa, respecto al cual Best Quality solo es querellante", añadió.
La lectura de las medidas será este jueves, ya que la audiencia se suspendió para revisar los antecedentes.
EL ORIGEN DE LAS DUDAS
Las dudas surgieron, además, porque hace unos días un notario visitó al jefe comunal en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.
El abogado defensor Juan Carlos Manríquez explicó que "fue un simple error y una conjetura, es un notario que pedí yo mismo para un mandato que necesita el Tribunal Constitucional. La ley exige un mandato específico que no puede ser otorgado ni por escritura privada ni tampoco electrónicamente. Si uno va al TC sin un mandato de esa facultad, no va a prosperar su acción".
Asimismo, remarcó que no hay ningún hecho concreto que indique que él va a dilapidar o traspasar sus bienes.
La defensa, además, consideró que hay errores en cómo se construyó este caso, ya que es imposible sostener un fraude al fisco con una entidad privada, que es la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), con quienes están suscritos los contratos y no con Daniel Jadue como persona natural.
No obstante, el abogado Cristián Espejo, representante del concejal de Recoleta Sergio Smok, consideró "apresurada" la revisión, por cuanto "llevamos recién 30 días de privación de libertad, y al momento que se discuta no va a haber ningún antecedente nuevo, por lo tanto, creo que la defensa equivocó su estrategia al respecto".
Finalmente, Manríquez reveló que ingresaron una petición a fin de que se reevalúe su prisión preventiva.
RECURSO ANTE LA CIDH
Por otra parte, una docena de abogados presentó una solicitud urgente de revisión de las cautelares de Jadue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que su prisión preventiva sea discutida antes del 18 de julio.
La urgencia es debido a que, de acuerdo a lo que detalla la Ley de Orgánica de Municipalidades, si un alcalde está ausente por 45 días -como es el caso-, el Concejo Municipal deberá elegir a un suplente. Ese plazo se cumple en la fecha señalada.
El documento presentado ante la CIDH consigna que "Daniel Jadue representa una figura influyente en la política chilena contemporánea, reconocido por su liderazgo municipal progresista, su activismo en defensa de los derechos sociales y su impacto en el debate político nacional siendo esta y no otra la razón de la persecución que viene sufriendo y que se termina concretando en las medidas de prisión preventiva y manifiesto intento de deponerle como alcalde de Recoleta".
La diputada comunista Carmen Hertz hizo énfasis en que esta medida está atentando contra la libertad personal de Jadue y de su derecho a la participación política.
"Si el alcalde continúa en prisión preventiva el 18 de julio, pierde su calidad de alcalde y se desconoce la representación y soberanía popular. Aquí se estaría vulnerando de manera irreparable el derecho a la participación política del alcalde Daniel Jadue", advirtió la parlamentaria.