Justicia decretó prisión preventiva para detenidos por triple crimen de carabineros
Los hermanos Jefferson (19) y Felipe Antihuen Santi (29) junto a Nicolás Rivas (19) están imputados por robo con violencia, homicidio calificado e incendio, entre otros delitos.
El Juzgado de Garantía de Cañete determinó que los policías fueron ejecutados cuando estaban "indefensos", tras haber sido "reducidos y despojados de su armamento".
"Aportamos un estándar mayor al exigido" en esta etapa procesal, con declaraciones de testigos, posicionamientos geográficos y pruebas biológicas, relevó la Fiscalía.
Según la investigación, los carabineros Carlos Cisternas, Sergio Arévalo y Misael Vidal fueron emboscados, asesinados y luego sus cuerpos quemados en la patrulla, cuando concurrían a controlar una medida cautelar en Cañete. Los sospechosos fueron detenidos la madrugada del lunes, en sendos operativos en el Biobío y la Región Metropolitana.
El Juzgado de Garantía envió este miércoles a prisión preventiva a los tres detenidos por su presunta participación en el triple crimen de carabineros, que tuvo lugar la madrugada del pasado 27 de abril en esa comuna de la Región del Biobío.
Los imputados, arrestados la madrugada del lunes, corresponden a los hermanos Jefferson (19) y Felipe Antihuen Santi (29), y a Nicolás Rivas Paillao (19), que no tiene relación familiar con ellos. Hay un cuarto sujeto que permanece prófugo, identificado como Tomás Antihuen Santi, hermano de los dos primeros.
En la segunda jornada de la audiencia de formalización, el juez de Garantía Cristián Rosenberg De La Fuente resolvió aplicar la máxima medida cautelar dada la gravedad de los delitos y las penas probables, que la libertad de los sospechosos constituyente un peligro para la seguridad de la sociedad y que "existe alto riesgo de fuga y reincidencia".
Además, ordenó que sean ingresados a la Cárcel de Alta de Seguridad en Santiago, y estableció un plazo de seis meses para la investigación.
CARABINEROS FUERON "EJECUTADOS EN LA INDEFENSIÓN"
La Fiscalía Regional de La Araucanía, a cargo del caso, les imputa los delitos de robo con violencia, debido a que se ha acreditado en la investigación que antes de asesinarlos, les robaron el armamento y los elementos de protección a los uniformados; de homicidio calificado en carácter de reiterado; de incendio, por la quema del vehículo institucional; porte ilegal de armas y traslado ilegal de restos humanos.
De acuerdo con la indagatoria, el suboficial Carlos José Cisternas Navarro y los cabos primero Sergio Antonio Arévalo Lobo y Misael Vidal Cid -todos ascendidos póstumamente al rango de suboficial mayor-, fueron emboscados cuando concurrían a controlar la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que pesaba sobre el tío de los hermanos Antihuen Santi.
Allí fueron asesinados a tiros y luego sus cuerpos quemados en el pick up de la camioneta policial.
Los antecedentes llevaron al juez Rosenberg a "establecer y concluir que los funcionarios previamente debieron haber sido reducidos (...) (y) se les despojó de su armamento (...), concordante con la descripción que hace el testigo reservado número dos, en orden de que escuchó un enfrentamiento".
Los policías, ya en la "indefensión", fueron "ultimados y rematados en el suelo", puntualizó.
LAS RESPONSABILIDADES DE LOS ANTIHUEN SANTI
La investigación de la Fiscalía sostiene que los Antihuen Santi fueron quienes mataron a los uniformados cuando llegaron hasta el portón de su tío para fiscalizar el cumplimiento del arresto domiciliario. En ese marco, el juez de Garantía consideró que actuaron "sobreseguro", y subrayó como "un antecedente extremadamente relevante" que Felipe haya apagado los celulares "a determinada de hora", lo que constituiría una "situación concertada y premeditada" con el fin de evitar que fueran localizados en la zona.
Sobre el desarrollo de los hechos, el magistrado determinó que no pasaron más de 45 minutos entre el momento en que los carabineros llegaron hasta ese lugar, en el sector de Antiquina, cerca de la medianoche del viernes 26 de abril; y cuando las autoridades recibieron la primera alerta del incendio de la patrulla, en la Ruta P72 en Cañete, ya en la madrugada del sábado 27.
Por el alto peligro de fuga, el juez de Garantía de Cañete ordenó que todos los detenidos cumplan la cautelar en la cárcel de Alta Seguridad en Santiago, decretando su traslado inmediato. 6 meses de investigación @Cooperativa https://t.co/gqmp0agYtf
— Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) July 31, 2024
A Nicolás Rivas, en tanto, se le atribuye haberse concertado para suministrar armas a Tomás Antihuen, quien habría concurrido a su casa a buscar una escopeta y municiones. El juez relevó que Rivas ya estaba al tanto del asesinato de los policías antes de que la noticia se hiciera pública, por lo que estimó que ese y otros antecedentes "hacen presumir fundadamente de que tuvo participación en los hechos".
"La forma de muerte de los funcionarios hace pensar que quienes participaron en la ejecución debieron haberlo sido en un número de a lo menos cuatro personas, si se considera que uno de los funcionarios recibió de manera simultánea impactos de dos personas (...) cuando tenía sus brazos levantados", razonó Rosenberg.
FISCALÍA: APORTAMOS UN ESTÁNDAR MAYOR AL EXIGIDO
En la víspera, la ministra del Interior, Carolina Tohá, había manifestado su confianza de que los imputados fuesen enviados a prisión preventiva, dado que "su peligrosidad no requiere ningún tipo de comentario, es evidente", y debido a que la evidencia levantada por la Fiscalía y Carabineros es "contundente".
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, resaltó que en la audiencia, "para ser una etapa de formalización y discusión de cautelares, el estándar que hemos aportado al tribunal es mayor al estándar que se exige".
Respecto a los cuestionamientos de las defensas, sostuvo que "si se exigiera que exista un testigo presencial cada vez, sería imposible el esclarecimiento de un hecho de esta clase".
"Por eso desde el comienzo planteamos que hay una complejidad en la investigación y que es necesario reconstruir los hechos sobre la base de prueba indiciaria. Es decir, a través de diferentes indicios y piezas de la investigación, como una especie de puzle para la deducción de los hechos que se puedan acreditar y la participación de personas en los mismos", expuso.
En ese contexto, apuntó que han recabado declaraciones de testigos, posicionamientos geográficos y pruebas de carácter biológicos.
Jaime Pacheco, defensor penal público, precisó que "hemos cuestionado la participación que se le atribuye a los imputados de estos hechos, toda vez que a nuestro juicio los antecedentes que esgrimió el Ministerio Público carecían de solidez y la suficiencia necesaria para poder establecer ello".
"Ese cuestionamiento incluso fue compartido por el juez que dirigió la audiencia, toda vez que también reconoce que en tales antecedentes hay que realizar algunos saltos lógicos para arribar a conclusiones de participación. También decidió decretar la prisión preventiva, atendido principalmente a la gravedad de los delitos imputados", añadió.
El abogado dijo que "ahora como defensa vamos a proceder al estudio de manera más calmada y detenida de los antecedentes de la carpeta de investigación, solo hemos tenido acceso a ellos hace dos días".