Supremo venezolano se pronunciará sobre el resultado electoral

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anunció este sábado que revisará los documentos presentados por organizaciones políticas y excandidatos para tomar una decisión del proceso de "validación" de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado oficial ratificó la victoria del presidente Nicolás Maduro, lo que ha sido cuestionado dentro y fuera del país.

"Los magistrados de esta Sala Electoral se abocan al peritaje de todo el material consignado -en físico y digital- sobre el ataque cibernético masivo del cual fue objeto el Consejo Nacional Electoral (CNE)", dijo, ante el cuerpo diplomático acreditado en el país, la presidenta del tribunal, la chavista Caryslia Rodríguez, quien destacó que la decisión que se tome será "inapelable".

La magistrada recordó que el candidato de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, fue el único de los diez aspirantes que no compareció ante el TSJ para este proceso -solicitado por Maduro-, pues considera que la instancia actuará a favor del chavismo ante la denuncia de fraude electoral.

Rodríguez aseguró que la investigación "contará con personal altamente calificado e idóneo", que trabajará con los "más altos estándares técnicos", aunque no dio detalles al respecto, ni estimó el tiempo que tomará este proceso.

Reiteró que el CNE -que aún no publica los resultados desagregados de la elección, contrariando lo que establecía su propio cronograma- acudió al TSJ para "consignar oportunamente todos los recaudos relacionados con el proceso electoral".

Asimismo, representantes de los 38 partidos políticos que compitieron en las presidenciales atendieron las citas pautadas por los magistrados, que se celebraron entre el miércoles y el viernes y concluyeron con la comparecencia de Maduro, quien denuncia estar enfrentando un "golpe de Estado cibernético" para desconocer su victoria en las urnas.

La PUD no consignó "material electoral alguno"

La presidenta del Supremo remarcó que ni González Urrutia, ni la PUD -que aseguran haber ganado los comicios por amplio margen- consignaron "material electoral alguno", toda vez que la coalición insiste en que el TSJ es incompetente para atender este asunto que -alegan- debería aclarar el CNE con la publicación de los resultados desagregados.

El TSJ -controlado por jueces afines al chavismo- trabaja para "producir la sentencia definitiva" en respuesta a un recurso introducido por Maduro -que no es público- y esa decisión "tendrá carácter de cosa juzgada" y "de obligatorio cumplimiento", añadió Rodríguez.

El Centro Carter, que participó como observador en los comicios, dijo que no tiene evidencias de que el CNE haya sufrido un hackeo y que estas elecciones no pueden ser consideradas democráticas porque no se adecuaron a los estándares establecidos, un pronunciamiento que el Gobierno ve como una muestra de apoyo al "golpe de Estado".

González Urrutia pide detener "la violencia"

Edmundo González Urrutia pidió este sábado a Maduro detener la violencia desatada luego de las elecciones y aceptar que perdió los comicios, como asegura el bloque antichavista y algunos observadores internacionales.

"Le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia y las persecuciones y libere de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente", dijo el diplomático, en un video que compartió a través de X, en alusión a los más de 2.400 arrestos que se han producido en el contexto de las protestas poselectorales.

"Basta ya de persecución y violencia, basta ya de intentar sembrar terror, basta ya de irrespetar la voluntad de cambio de los venezolanos. Acepte lo expresado por nuestro pueblo y comencemos todos a sacar nuestro país de esta crisis", prosiguió González Urrutia, quien asegura haber ganado los comicios por amplio margen.

Reiteró que exigir que se cumpla la Constitución, "protestar pacíficamente para hacer respetar la voluntad de millones de venezolanos", haber trabajado como testigo electoral el 28 de julio e informar lo que sucedió ese día "no es un delito".