Gobierno: El Estado no tiene hoy la musculatura para reemplazar a las eléctricas

El Gobierno le puso paños fríos al debate que abrió la semana pasada tendiente a una futura estatización de una parte de la distribución eléctrica, y enfatizó que el foco sigue estando en completar la reposición del suministro.

Según la SEC, pasadas las 13:30 horas de este lunes, a 11 días del sistema frontal, aún había 25.600 clientes sin luz a nivel nacional, 8.964 de ellos en la Región Metropolitana -400 más que esta mañana-, que deberían ver repuesto el servicio a más tardar mañana martes, en cumplimiento del nuevo ultimátum dado a Enel en el marco del proceso de caducidad de la concesión, iniciado la semana pasada y que está en su primera etapa, de requerimiento.

"Esta es una discusión de fondo que tenemos que dar como país, pero el foco hoy en día tiene que estar en la reposición. Después de eso, en la compensación a los consumidores, y (aún) posterior a eso, avanzar en las modificaciones" al sistema de distribución de la electricidad, dijo este lunes el ministro de Energía, Diego Pardow, quien deslizó la idea la semana anterior en el Senado.

Coincidió la vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), quien opinó que "la participación del Estado no es la solución para la urgencia ahora, (pero) es una discusión legítima que nuestro país debiese dar".

"Esto no es llegar y sacar una propuesta debajo del sombrero, esto implica una discusión porque frente a estos eventos el Estado no tiene musculatura actualmente para reemplazar la labor que hoy las distribuidoras hacen, o deben hacer, que es hacer que la luz aparezca en los hogares", puntualizó.

El Gobierno tiene claro que la discusión sobre la emergencia en el suministro eléctrico tiene dos ámbitos. La urgencia de reponer la energía eléctrica a las familias y una discusión a mediano y largo plazo sobre cómo nuestro país enfrentará futuras situaciones del mismo tipo, lo… pic.twitter.com/UwR7DlYhM7

— Camila Vallejo Dowling (@camila_vallejo) August 12, 2024

No obstante, la diputada Marcela Riquelme (Frente Amplio) remarcó que "es una posibilidad que tenemos que discutir como país, atendida sobre todo esta emergencia. Tenemos el ejemplo (de intervención estatal) en Tiltil, en Maipú con el tema de la sanitaria, por lo tanto, no estamos hablando de ninguna locura ni nada que sea extraño".

"De hecho, Enel es una empresa estatal italiana, y CGE tiene participación del Estado chino", observó la oficialista.

PROCEDIMIENTO VOLUNTARIO DE COMPENSACIÓN: SOLO ENEL HA RESPONDIDO

En paralelo, Pardow llegó esta mañana a las oficinas del Servicio Nacional del Consumidor, donde se reunió con su director nacional, Andrés Herrera, y la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Carolina Leitao, para conocer el avance de los procedimientos voluntarios colectivos a los que fueron invitadas las eléctricas para compensar a los hogares afectados.

"Hemos recibido solamente la respuesta de Enel. La primera reunión la tuvimos el viernes, cuando sentamos las bases para los efectos de un futuro acuerdo de compensaciones en favor de los consumidores", informó Herrera.

Precisó que "estamos a la espera de la respuesta de las empresas CGE, Saesa, Frontel y Chilquinta para que, a la brevedad posible y de manera formal, nos manifiesten su disposición a participar en este procedimiento, porque de lo contrario -advirtió- vamos a demandar colectivamente a cada una de estas empresas".

A su vez, el ministro Pardow relevó que "es muy importante que la confianza en las instituciones se mantenga, y para eso, la respuesta tiene que ser rápida, el rigor de la ley tiene que aplicarse con toda la severidad que exigen las circunstancias, y de parte de las empresas, en todos estos procesos institucionales hay recursos, pero esos recursos claramente en estos casos no se justifican".

"Vamos a hacer el mejor esfuerzo administrativo posible para que la dimensión de esas compensaciones refleje lo que efectivamente tiene que ocurrir, y por lo tanto, el llamado es a no demorar con recursos innecesarios una solución que no solamente permite un alivio mínimo a las personas, sino que también mostrar que nuestras instituciones son fuertes, que funcionan y que están para proteger a la ciudadanía", emplazó.

Las autoridades han aclarado que esta búsqueda de compensaciones no afecta a la obligación de las empresas a responder a cada cliente con descuentos en su próxima boleta por la falta del servicio.

Rechazo opositor

Ante esta opción de estatizar la distribución eléctica, las diputadas e integrantes de la llamada "Bancada eléctrica" Marlene Pérez y Natalia Romero manifestaron sus cuestionamientos.

Pérez comentó que "la propuesta de crear una empresa eléctrica estatal, como ha sido sugerido recientemente, plantea serias dudas en cuanto a su viabilidad y efectividad. Dado que el Estado ya enfrenta restricciones presupuestarias, la idea de financiar y gestionar una nueva empresa en un sector que requiere inversiones masivas y continuas es problemático".

"Las empresas estatales a menudo enfrentan desafíos relacionados con la eficiencia operativa y la burocracia, lo cual podría traducirse en costos más altos y en una calidad de servicio inferior. Creo que la solución más inmediata es mayor fiscalización a las empresas eléctricas y sanciones más duras ante incumplimientos", añadió la parlamentaria del Biobío.

En la misma línea, Romero comentó que "en lugar de crear una nueva entidad estatal, sería más efectivo reforzar el modelo de asociación público-privada, que ha demostrado ser exitoso en la movilización de recursos y en la mejora de la infraestructura. Este enfoque permitiría al Estado aprovechar la experiencia y eficiencia del sector privado, mientras mantiene el control regulador necesario para proteger los intereses públicos".

Además, la legisladora de O'Higgins enfatizó que "fortalecer las regulaciones existentes y mejorar la supervisión también puede ser una solución más equilibrada y práctica, asegurando que las empresas eléctricas actuales cumplan con los estándares necesarios y respondan adecuadamente a las emergencias sin comprometer la capacidad financiera del Estado".