La "caja de Pandora" del caso audios ahora salpica a Enel
Declaraciones de los coimputados ante la Fiscalía señalan que Luis Hermosilla se involucró en la adjudicación de una licitación, previo pago de un empresario.
Este dato se suma a un posible financiamiento bajo cuerda de la defensa de Andrés Chadwick en su acusación constitucional, que instaló sospechas sobre el ministro de la Suprema Jean Pierre Matus.
Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos serán formalizados el miércoles por cohecho, lavado y delitos tributarios: "Esperamos que queden en prisión preventiva", dijo el diputado PS Daniel Manouchehri, que preside la comisión investigadora del escándalo.
El oficialismo cataloga como una "caja de Pandora" el denominado caso audios, que este miércoles tendrá una jornada clave con la esperada formalización de Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, dos de los principales imputados en esta indagatoria, que involucra delitos de cohecho, lavado y delitos tributarios.
Las nuevas revelaciones tras las declaraciones de los implicados ante la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, tienen en alerta a parlamentarios oficialistas, sobre todo por las nuevas aristas que se pueden abrir en el caso.
Una de las situaciones más bulladas es la que vincula al abogado Hermosilla con el pago de un cheque de 14 millones de pesos -por la realización de un informe en derecho- al actual ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus.
Pese a que en su declaración a Fiscalía Matus informó que dicho pago se hizo por un trabajo particular, este coincide con la acusación constitucional contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, en 2019, lo que ha generado suspicacias entre los parlamentarios.
"A partir de las declaraciones del formalizado abogado Luis Hermosilla, se confirma la participación del empresario Sauer en la defensa del exministro Chadwick. ¿Sabía Chadwick de estas acciones en su defensa? ¿Cómo participó de ellas? ¿Y cómo esto se condice con las declaraciones del actual ministro de la Corte Suprema, Matus? ¿Tuvo que ver también en la defensa del exministro Chadwick?", cuestionó la diputada Camila Musante (Bancada PPD).
Debido a esto, la parlamentaria advirtió que espera que "todas estas preguntas puedan responderse ante la justicia", dando cuenta también que presentó "una querella por el delito de tráfico de influencias".
Polémica por supuesta licitación de Enel
Por otra parte, en su declaración ante la Fiscalía, Villalobos afirmó que el empresario Munir Hazbún, propiertario de la empresa eléctrica Syner SPA, le pagó a Hermosilla para que le facilitara la adjudicación de una licitación de Enel, según reveló un nuevo reportaje de Ciper.
Hazbún, en tanto, señaló al Ministerio Público que solo solicitó los servicios del abogado para agilizar el pago de montos que la empresa de distribución eléctrica adeudaba a una sociedad en la que participaba.
Sobre este punto, el diputado socialista Daniel Manouchehri, presidente de la comisión investigadora del caso en la Cámara Baja, advirtió que "esta caja de Pandora que es el caso Hermosilla ahora revela que los tentáculos de esta red de corrupción también estuvieron en la licitación de Enel, una empresa extremadamente cuestionada por los chilenos por su mediocre servicio".
"Esperamos que a medida que se desarrolle el juicio tengamos más detalle de estas acciones. Por lo pronto, esperamos que el miércoles Hermosilla y sus cómplices queden en prisión preventiva", solicitó el parlamentario.
Con el transcurso de las investigaciones, el Ministerio Público no descarta que se sumen nuevas aristas y nuevos implicados en eventuales delitos vinculados a Luis Hermosilla, como ya se hizo con el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz.
Posibles nuevas imputaciones y penas
Según el abogado y exjefe del Departamento de Delitos de Tributarios del SII, Carlos Morenos, explicó que lo anterior "podría motivar a que el Ministerio Público realice nuevos imputaciones de delitos tanto en el caso de Hermosilla, por ejemplo establecer o imputarle la comisión del ilícito de soborno entre privados".
"Adicionalmente también puede motivar que el Ministerio Público busque las responsabilidades penales en las empresas que participaron de estos hechos. Asimismo, también las motivaciones de carácter político que eventualmente pueden haber influido en algunas de las circunstancias del caso. Efectivamente lo que hacen es venir a dejar en entredicho el funcionamiento imparcial de las instituciones", complementó el letrado.
Según puntualizó Moreno, en el caso de Hermosilla, a raíz de los presuntos delitos de cohecho, lavado de activos y delitos tributarios, podrían acumularse desde ocho hasta 25 años de pena, lo que correspondería a una condena efectiva en la cárcel. En la misma situación estaría Leonarda Villalobos, pero sin agravante de reiteración en casos de delitos tributarios.
En tanto, Luis Angulo, quien está querellado por el SII como representante legal de la Sociedad Comercia por delitos tributarios, por lo que su pena podría acumular desde 540 días hasta cinco años de presidio.
Las mencionadas penas podrían bajar si es que se restituye el perjuicio fiscal provocado por los delitos.
En el caso de los funcionarios públicos del SII y la TSG implicados en el delito de cohecho, arriesgan una pena de tres a cinco años de cárcel. No obstante, si es que existen atenuantes en dicho caso, la pena podría bajar a tres años y un día, por lo que podrían optar al beneficio de libertad remitida.