No podrá apelar: Tricel destituyó a la gobernadora de Coquimbo
La instancia determinó que Krist Naranjo incurrió en notable abandono de deberes y faltas a la probidad administrativa.
La autoridad independiente también quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos por cinco años.
Uso irregular del vehículo fiscal, maltrato laboral e incumplimiento de acuerdos del CORE son algunas de las transgresiones cometidas por Krist Naranjo.
El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) destituyó este viernes a la gobernadora regional de Coquimbo, Krist Naranjo, por incurrir en notable abandono de sus deberes y en una contravención grave a las normas de la probidad administrativa durante su gestión.
La sentencia responde a una serie de cargos presentados por 16 consejeros regionales (cores) en marzo de 2023, cuando solicitaron la remoción de la autoridad independiente, a quien la Contraloría suspendió del cargo por el mal uso de un vehículo fiscal.
Tras revisar el requerimiento, el Tricel concluyó que las conductas de Naranjo constituyen una transgresión inexcusable y manifiesta de sus obligaciones legales, que han causado grave detrimento al patrimonio del Gobierno Regional y afectado gravemente la actividad de éste, consignó T13.
El organismo acreditó que la gobernadora utilizó un vehículo fiscal para fines personales, como trasladar a su hijo al supermercado y a la universidad, y para participar en actividades políticas. Asimismo, impuso un trato vejatorio al conductor asignado para esa tarea, lo que incluso motivó una denuncia por acoso laboral en su contra.
Los cores también objetaron sus viajes internacionales, y el Tricel constató que los realizó sin presentar un informe de cometidos, gastos incurridos ni viáticos recibidos, y con reiterados cambios de pasajes, generando pérdidas de recursos para el Gobierno Regional.
Por otro lado, confirmó que Naranjo realizó desvinculaciones injustificadas que obligaron al pago de indemnizaciones por más de 37 millones de pesos.
Finalmente, el Tricel determinó que la gobernadora incumplió reiteradamente los acuerdos adoptados por el Consejo Regional, privando a la comunidad de servicios esenciales y afectando la eficiencia de la administración pública.
La autoridad destituida, que también quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos por cinco años, no podrá apelar esta resolución una vez que sea notificada.