Cordero: El crimen organizado prolifera en países auspiciosos para la corrupción

Tras imponerse la prisión preventiva al influyente abogado Luis Hermosilla, principal imputado por el caso audios, el ministro de Justicia, Luis Cordero, hizo ver en Cooperativa un vínculo entre la corrupción y el crimen organizado.

"El crimen organizado, en el conjunto de rubros que tiene asociado -no nos quedemos simplemente con drogas o trata de personas; las organizaciones criminales también comprometen recursos naturales y actividades financieras-, prolifera en aquellos países donde además tiene condiciones auspiciosas en materia de corrupción", advirtió en El Diario de Cooperativa.

A juicio del secretario de Estado, es tal riesgo el que amerita "ser tan severo en castigar las conductas que corroen al sistema institucional, y se tiene que ser especialmente severo porque no basta simplemente con que usted cometa delitos para corroer la confianza en las instituciones".

"La confianza en las instituciones también se corroe cuando hay malas prácticas, cuando hay conflictos de interés mal resueltos, aunque esos no puedan ser constitutivos de delito. Y por eso, la severidad con la cual se actúa en estos casos es una señal muy categórica y relevante, para efectos de inhibir comportamientos indebidos por parte de los operadores públicos y del sistema de justicia en el futuro", destacó.

En relación con los hallazgos del Ministerio Público en casos como éste, Cordero admitió que "el tránsito es muy amargo, porque implica revelar cómo funciona un determinado tipo de comunicaciones, y amistades manifiestas que están asociadas a roles institucionales que tienen que mantener independencia y objetividad, pero ese tránsito amargo, en buena parte, lo tenemos que atravesar para la sanidad del sistema institucional, y las reacciones tienen que ser ejemplares".

Por otro lado, relevó que "Chile tiene uno de los niveles de desconfianza institucional más serios en la región (...) es una percepción de desigualdad ante la ley que es bien estructural, entonces usted comprenderá que en un contexto de esas características, el caso audios, y particularmente la posición que ocupa un abogado en el funcionamiento del sistema de justicia, tanto hacia jueces como hacia fiscales, lo que termina por reafirmar es la justificación de esa desconfianza".

Lo anterior "es serio porque en el sistema de justicia, en particular, descansamos en la idea de que hay terceros independientes que tienen la capacidad de resolver controversias sin que las personas lo hagan por sí mismas. Entonces cuando usted tiene baja confianza institucional, los incentivos a la autotutela -es decir, a resolver los conflictos con propia mano- son extremadamente altos, y eso no solamente se traduce en la violencia física, sino que también verbal o por otros tipos de medios".

VÍNCULOS CON EL PODER JUDICIAL

Consultado por los reportajes que revelaron conversaciones entre Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra, y el actual ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, que pusieron a ambas figuras en tela de juicio, Cordero sostuvo que se trata de "comunicaciones que van más allá, en un caso, del rol que le correspondía como fiscal regional, y en el otro, una gestión indebida de la profesión legal".

"Aún cuando en esas comunicaciones pudiera no existir delito -cosa que está indagando el Ministerio Público-, la simple existencia de ellas, en relación con las posiciones que se encuentran y las ofertas que formulan, afectan severamente al sistema de justicia", insistió el ministro.

En ese sentido, "creo que lo categórico es, primero, no dudar en respaldar las investigaciones del Ministerio Público; en segundo lugar, que esas investigaciones tengan resultados pronto, y los juicios se realicen de modo expedito; y lo tercero, es que las instituciones tomen medidas para evitar casos futuros, o realizar indicaciones respecto de asuntos que, no siendo delitos, podrían comprometer la integridad de su funcionamiento".

Al mismo tiempo, el titular de Justicia apuntó que "el sistema político no puede ser indiferente frente a esto, y eso significa revisar las propias prácticas: no simplemente apuntar, sino que también revisar las prácticas que se desarrollan al interior del sistema institucional, esencialmente porque uno son los delitos, pero lo otro son cómo se gestionan los conflictos de interés, que suelen provocar una lesión muy severa al sistema democrático, no porque existan, sino que porque se gestionan inadecuadamente".

Cordero recordó que el 1 de septiembre la ley de delitos económicos comienza a aplicar a las personas jurídicas, "no sólo las empresas, también las universidades, los partidos políticos, las iglesias. Ojo, sus incentivos de cumplimiento son un momento propicio para adoptar medidas preventivas, y que el sistema político no se vea sorprendido por una ley que se va a aplicar con la rigurosidad que se aplica a otras empresas".

"ESTAMOS AL BORDE DE UNA CRISIS PENITENCIARIA"

Por otro lado, respecto a las medidas que prepara el Gobierno para enfrentar la sobrepoblación carcelaria, recalcó que "los números y la proyección que tenemos del número de personas privadas de libertad en el país son muy dramáticos. No es que esté exagerando: estamos al borde de una crisis penitenciaria. Entre diciembre de 2021 a hoy, han crecido más del 45% las personas privadas de libertad; pasamos de 39 mil a cerca de 58 mil".

En ese sentido, reafirmó que, tras abordar el asunto en diálogos prelegislativos, el Gobierno resolvió promover "un 'fast track' legislativo para todo el plan de inversión de cárceles que el Presidente anunció, que son 12 mil plazas aproximadamente. Este proyecto terminó su etapa de elaboración, y tenemos una ronda de conversación adicional con los parlamentarios y parlamentarias" antes de presentarlo.

"De modo bien franco, tenemos que aprobarlo rápido, porque es tan severo el problema en el que estamos, y las proyecciones que tenemos hacia adelante, que no es un proyecto para sacar ventaja. Este Gobierno probablemente puede administrar el sistema penitenciario de aquí a que termine su administración, pero si no resolvemos esta situación, va a ser una bomba de tiempo para la próxima administración, cualquiera sea ésta", alertó.