Dirección del Trabajo ordenó cierre de farmacia por "delincuencia en el entorno"

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Autor: Cooperativa.cl

Tras un violento "turbazo" reciente, el organismo estimó que los empleados se encuentran en una situación de "riesgo grave e inminente" para su integridad y su vida.

Exdirectores del organismo cuestionan el criterio implicado en la decisión.

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El atraco y la suspensión de funciones afectaron a un local Salcobrand de la comuna de La Cisterna.

La Dirección del Trabajo (DT) Regional Metropolitana Oriente suspendió un local de la cadena de farmacias Salcobrand ubicado en la comuna capitalina de La Cisterna luego de que sufriera un asalto tipo "turbazo" por parte de una docena de delincuentes, entre hombres y mujeres, el pasado 20 de agosto. 

La decisión se adoptó luego de una denuncia hecha por la Federación de Trabajadores de Farmacias, que responsabilizó a la empresa por no contar con las adecuadas medidas de seguridad para los empleados, según consigna Pulso.

"La causa de la suspensión es el riesgo grave e inminente para la vida o salud de los trabajadores", indicó la DT. 

"Además, se fiscalizó la documentación laboral, de higiene y seguridad y el protocolo de prevención de riesgos ante actos de vandalismo", añadió la autoridad.

"La Dirección del Trabajo Regional Metropolitana Oriente instruyó una fiscalización donde constató que, en el lugar de trabajo, los trabajadores estaban en peligro inminente debido a la acción delictual que se desarrolla en el entorno. Debido a que era imperioso asegurar la protección de la vida y la salud de los trabajadores (artículo 184 bis del Código del Trabajo), el equipo de fiscalización suspendió las labores del local y requirió al empleador que adoptara las medidas necesarias para la protección de la vida e integridad de los trabajadores y trabajadoras del local", explicó al mencionado medio la Dirección del Trabajo.

EXDIRECTORES DEL TRABAJO CUESTIONAN INTERPRETACIÓN

Dos exdirectores del Trabajo cuestionaron esta interpretación de la ley. Uno de ellos, Mauricio Peñaloza (2018-2020), señaló que discrepa "absolutamente" con la medida, planteando a Pulso que "el hecho de que haya robos o problemas de seguridad escapa de lo que está dentro de las obligaciones que tiene el empleador ya que es deber del Estado, a través de la fuerza pública, el asegurar la seguridad de la población".

"Discrepo absolutamente que la DT le traslade una responsabilidad así a los empleadores", señaló el abogado, antes de agregar que "esa es una norma laboral que apunta a temas que estén dentro del control de la empresa propiamente tal, pero no algo externo que no depende de lo que pueda hacer la empresa".

Mientras, Lilia Jerez (2020-2022) sostuvo que "si bien el empleador tiene la obligación de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, eso es dentro de un contexto laboral y ese contexto laboral está limitado a lo que pueda ocurrir al interior de la empresa y de lo que pueda ser manejado por la empresa, pero acá, cuando estamos en presencia de un delito por la ola de violencia que estamos viviendo, no podemos hacer imputable al empleador un hecho que no es manejable por la empresa".

Para la también abogada, si eso fuera así, "todas las empresas que atienden a público podrían ser suspendidas en su atención a público, ya que están expuestas a esos hechos de delincuencia".

Con todo, "se está traslado una responsabilidad que es del Estado a una persona particular que es el empleador", criticó.