Detectan 78 mil millones sin rendir en Subsecretaría y Seremi de Educación RM

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Cooperativa.cl

Corresponden al periodo 2007-2023 y no hay respaldo que demuestre en qué fueron utilizados, determinó la Contraloría.

El organismo fiscalizador abrió sumarios administrativos y remitió los antecedentes a la Fiscalía y al CDE.

 ATON (referencial)

Los recursos, transferidos a organismos privados, municipalidades y fundaciones, estaban destinados a financiar distintos programas e iniciativas educativas.

La Contraloría General de la República detectó -tras un análisis de transferencias- un total de $78.737.404.844 sin rendir por parte de la Subsecretaría de Educación y Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana a organismos privados, municipalidades y fundaciones, con el fin de financiar distintos programas e iniciativas educativas.

Según reveló el informe N°17 del ente fiscalizador, la Seremi registra un total de $2.888.393.255 sin rendir entre 2007 y 2023, lo que se traduce en que las entidades que recibieron dichos recursos desde el Ministerio de Educación (Mineduc) no han demostrado en qué los invirtieron, ni la manera en que utilizaron los traspasos, consignó La Tercera.

En detalle, los recursos transferidos corresponden principalmente a convenios sobre programas de apoyo al deporte, interculturalidad bilingüe, el programa Elige Vivir Sano, formación de adultos, sexualidad afectiva, transporte escolar rural, aulas conectadas, entre otros.

$76 mil millones sin rendir desde la Subsecretaría

En el análisis del período entre 2016 y 2023, se detectó un total de $75.849.011.589 sin rendir por parte de la Subsecretaría de Educación, repartición que -hasta la fecha- no mantiene un respaldo que dé cuenta o compruebe la manera en que fue invertido ese millonario monto.

La gravedad de dichos hallazgos llevó a que la entidad encabezada por Dorothy Pérez abriera sumarios administrativos y remitiera todos los antecedentes obtenidos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Ministerio Público, en caso de que estimen que exista algún tipo de delito.

Según sostuvo el diario, en aquel escenario la CDE podría querellarse contra los presuntos responsables, mientras que el ente persecutor puede iniciar una investigación penal.