La polémica reforma judicial de México fue declarada constitucional
Sólo hace falta su publicación en el Diario Oficial para que esta ley, que impulsa la elección popular de magistrados, entre en vigencia.
La ratificación en el Congreso no tuvo presencia de la oposición, que califica la norma como un retroceso para la independencia judicial.
La declaración se da en paralelo a los intentos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación por frenar esta reforma recurriendo a instancias nacionales e internacionales.
El Congreso de México declaró constitucional la reforma al Poder Judicial propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que impulsa la elección de jueces por el voto popular, y sólo resta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigencia.
La declaratoria de constitucionalidad se anunció primero en el Senado mexicano y luego en la Cámara de Diputados, en ambos casos en pocos minutos, con la aprobación de las "supermayorías" oficialistas en ambas cámaras y el respaldo de 23 legislaturas locales de 32 estados.
Ambos actos no contaron con la presencia de la oposición, tras la negativa a la reforma, que han calificado como un retroceso para la democracia y la independencia judicial, así como para el equilibrio de Poderes y la posible intromisión de "grupos de interés".
Así lo anunciaron los coordinadores parlamentarios en ambas Cámaras del Congreso de los opositores Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) quienes expresaron que la acción de constitucionalidad "es una fiesta" exclusiva del oficialismo, así como el "consumado atraco a la nación".
La declaración se da en paralelo a los intentos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y por lo menos 1.200 personas juzgadoras en el país por frenar esta reforma recurriendo a instancias nacionales e internacionales.
Organismos multilaterales como las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); empresariales como la International Chamber of Commerce (ICC); calificadoras como Fitch y Moody's, así como el gobierno estadounidense han advertido repercusiones para México por esta reforma.
BLINDAJE OFICIALISTA
Este viernes, un juez del estado de Colima ordenó una suspensión para frenar la promulgación de la citada reforma en el DOF, pese a que el presidente López Obrador anunció que sería oficializada el 15 de septiembre, cuando se conmemora en el país el Día de la Independencia.
Más tarde, la senadora Ernestina Godoy, futura consejera jurídica en el gobierno de Claudia Sheinbaum, señaló que a los magistrados que se oponen "se les olvida" que dicho amparo es improcedente para impedir que una reforma constitucional se publique en el DOF.
Hasta ahora, la reforma judicial cuenta con más de los 17 votos por legislaturas locales que exige la Constitución mexicana para ser declarada constitucional y ser remitida a López Obrador para su oficialización y entrada en vigencia.
En tanto, ha sido rechazada en los congresos locales de Jalisco y Querétaro.