Congreso despachó a ley el proyecto antievasión

La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley este miércoles el proyecto que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, más conocido como proyecto antievasión, pilar principal del pacto fiscal del Gobierno.

"Esta iniciativa, entre otras cosas, contiene una serie de medidas para las empresas de menor tamaño, apoya la formalización de la economía y combate firmemente la evasión y elusión de impuestos", destacó el Ministerio de Hacienda en X.

Fueron 12 votaciones en las que la mayoría de los sectores, a excepción de los parlamentarios del Partido Republicano, votaron a favor.

Para la centroizquierda era prioritario evitar que la propuesta cayera en una comisión mixta, pues una demora en su aprobación significaría que no tuviese efecto alguno en el Presupuesto 2025, que el Ejecutivo debe ingresar al Congreso, a más tardar, el próximo lunes. 

De esta manera, el Presupuesto 2025 podrá contar con 1.200 millones de dólares que aportará la iniciativa antievasión, que se enfocará en el aumento de la PGU, y también en materia de salud y seguridad.

"De esta votación surge un mensaje muy importante: en Chile, a menos de un mes de una elección (municipal y regional del 27 octubre), somos capaces de aprobar proyectos con apoyo transversal, que son de gran relevancia para la economía del país, las políticas públicas y responder a la necesidad de la ciudadanía", explicó el ministro Marcel.

"Mucha gente pensaba que, dentro de estas semanas previas a una elección era imposible lograr acuerdos, pero la realidad es que esto ha sido posible y, por lo tanto, muchas otras cosas que nos proponemos, en los cuales en los principios estamos de acuerdo, más allá de lo que son las fuerzas de Gobierno, en muchos de esos casos también podemos lograr cosas que parecen imposible políticamente, desde luego, la reforma previsional", complementó el titular de Hacienda.

EL CONTENIDO DE LA LEY

Sobre el contenido, el jefe de la billetera fiscal detalló que la ley contempla "la flexibilización del secreto bancario para la fiscalización tributaria; la figura del denunciante anónimo con una compensación económica; todo lo que es la modernización de la gestión de las instituciones fiscalizadoras; el fortalecimiento de la fiscalización tributaria, (y) hay varias medidas que tienen que ver con el combate a la informalidad, algo que muchas veces se ha sindicado como causa de muchos de los problemas de nuestra economía o de nuestro mercado del trabajo.

"También hay medidas para facilitar que los contribuyentes que están morosos se pongan al día en sus obligaciones; normas que tienen que ver con la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos y con las funciones y facultades del Servicio Nacional de Aduanas y de la Tesorería General de la República", complementó.

"Este proyecto de ley permite una mayor recaudación, y el hecho de que lo estemos aprobando en septiembre permite que sus efectos puedan estar en el Presupuesto del 2025. Eso significa más recursos para salud -y por lo tanto, para reducir las listas de espera-, más recursos para seguridad, y también recursos que tienen que ver con la PGU", resaltó en la previa el diputado Alberto Undurraga (DC).

Desde la oposición, su par de RN Miguel Mellado valoró durante el debate en Sala que "estamos aprobando algo que quedó bien hecho en el Senado, con las reformas que correspondían, tal cual como lo pedíamos en la Sala de la Cámara".

A modo de ejemplo, relevó que "se mantiene la elusión en sede judicial", que fue una de las solicitudes de la derecha.

✅ A LEY | La Cámara aprueba y despacha a ley el proyecto que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias dentro del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal.

— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) September 25, 2024

INVERSIONES: GRAN EMPRESARIADO PIDE "INSTITUCIONALIDAD OBJETIVA"

En paralelo, persiste en el debate público la necesidad de una modernización y moderación de la permisología, como se denomina a las largas esperas y la burocracia que rodean la aprobación de inversiones en Chile, y que se ha convertido en una de las mayores demandas del gran empresariado dentro del pacto fiscal.

En la víspera, Colbún informó la suspensión de su proyecto Central Bombeo Paposo en Taltal, donde la empresa pretendía almacenar energía renovable mediante una inversión de 1.400 millones de dólares: atribuyó la decisión al contexto en que se desarrolló su proceso de evaluación ambiental y al resultado de un recurso de reposición que lo dejó en vilo por una supuesta falta de información esencial.

"Nos preocupa profundamente", expresó Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), lamentando asimismo que "la empresa se haya visto obligada a tomar esta decisión ante una resolución de la autoridad ambiental poco clara".

"Hoy es urgente que podamos retomar el crecimiento alto y sostenido para crear empleos de calidad y más oportunidades que mejoren la calidad de vida de todas las personas. Para que esto ocurra, es indispensable aumentar las inversiones en nuestro país", y por ello "Chile necesita una institucionalidad que funcione con criterios objetivos y transparentes, que permita concretar más proyectos de este tipo".

En tanto, Forestal Arauco concreta por estos días la mayor inversión en su historia, pero en Brasil, siguiendo los pasos de la CMPC en el gigante sudamericano: desembolsará 4.600 millones de dólares en el proyecto Sucuriú, que contempla la construcción de una planta de celulosa en el Estado de Mato Grosso do Sul.

Para Carlos Smith, docente del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la U. del Desarrollo, "en estos casos en particular se dan dos cosas importantes: uno tiene que ver con el sector forestal y el tema de seguridad, eso es muy relevante, y también los permisos".

"Consideremos que la inversión que hacen las empresas en Brasil para un proyecto de tal magnitud, de esos montos, se demoró alrededor de tres años, y el proyecto MAPA en la Región del Biobío (también de Arauco) se demoró 10", apuntó el investigador.

En la suspensión de Colbún también "claramente vemos el tema de la permisología, de la poca flexibilidad, que no significa tener una legislación más laxa en términos medioambientales, sino que simplemente poder tener certezas y rapidez", puesto que "los proyectos hoy tienen alrededor de un 65% de sobretiempos legales".

JOSÉ DE GREGORIO: TRABAS SON ESCANDALOSAS Y FUNCIONARIOS DEBEN RENDIR CUENTAS

El expresidente del Banco Central José De Gregorio, hoy decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, advirtió en El Diario de Cooperativa que "el tema de la inversión es un tema muy grave que tenemos en Chile".

"Acá es escandaloso", deploró, apuntando a la caída del proyecto de Colbún, "medioambientalmente súper amigable de energías renovables con agua desalinizada", pero que fue "rechazado por un comité de funcionarios de segunda o tercera línea, sin rendirle cuenta a nadie, porque no hay nadie a quien uno puede apelar más arriba".