Expresidente USS: El proyecto Cubillos fue rentable, pero su sueldo excedió la norma

"El caso de Marcela Cubillos era único, no hay otro semejante", aseguró Alejandro Pérez, socio de la Corporación de la Universidad San Sebastián, al abordar la polémica por el exorbitante sueldo que recibía la exministra Marcela Cubillos (ex-UDI) en dicha casa de estudio.

En entrevista publicada este domingo por El Mercurio, el expresidente de la junta directiva de la USS afirmó que el sueldo de 17 millones de pesos de Cubillos se aleja del "esquema de renta" de la universidad, y que "el caso que le sigue es del rango de la mitad".

"Otra cosa son los directivos. Rector, vicerrectores, prorrectores. Esas remuneraciones son de mercado (...) y no los superaba", analizó Pérez, quien de todas maneras aclaró que en estos pagos no hay nada ilegal, por lo que considera "muy bueno que la Superintendencia actúe" e indague sobre la situación.

Respecto a la llegada de Cubillos a la USS, informó que fue en 2020, "cuando Andrés Chadwick asumió como decano de la Facultad de Derecho".

"En ese momento, la facultad estaba en un nivel de estancamiento que nos preocupaba. Eso ocasionó que le pidiéramos a Andrés, que había sido profesor nuestro y tiene una actividad académica relevante aparte de su pasado político, que conversáramos sobre ese proyecto", analizó el representante de la casa de estudio.

En esta línea, dio cuenta que "ese proyecto incluía a Marcela Cubillos, que llegó con una jornada parcial y una remuneración de 3 millones y medio de pesos".

"A fines del 2021, comienzos del 2022, se le ofreció traerla a jornada completa porque empezó a dar señales de que tenía una oferta en otra institución. Se evaluó contratarla a jornada completa y además ponerla a cargo de la parte editorial de las publicaciones", detalló Pérez.

A esto sumó que "ella tenía intención de escribir un libro sobre la reforma educacional de la Presidenta Bachelet y uno sobre su experiencia como constituyente. Los dos temas nos interesaron".

El bullado sueldo de 17 millones de pesos

Consultado sobre el millonario sueldo alcanzado por Cubillos, el socio de la Corporación de la universidad explicó que "cada facultad preselecciona a sus candidatos y esa selección se canaliza a través del decano hacia un comité de contratación académica, donde hay personas de nivel superior que analizan antecedentes académicos de los postulantes, nivel académico al que postula, remuneraciones".

"Claramente el caso de Marcela Cubillos excedió largamente los niveles que estaba en condiciones de aprobar ese comité. Por lo tanto, fue a un nivel superior de aprobación (...) ese nivel superior fue el presidente, que en este momento era Luis Cordero (Barrera), actualmente fallecido", puntualizó al medio antes citado.

Asimismo, reveló que él no tenía conocimiento de este exorbitante sueldo, aunque estima que "la universidad justificó plenamente la llegada de Marcela y la renta que se le pagó".

"Es cosa de ver que significa un 60% de más alumnos, incursionar en posgrado y en doctorado. Fue un proyecto muy rentable para la universidad si uno lo pone en términos económicos", destacó Pérez.

De todas maneras, aclaró que, en su opinión, esa discusión se debió dar en otros términos: "Tengo una trayectoria larga en empresas y en instituciones, y tengo claro que es grave saltarse los esquemas de renta que las instituciones tienen porque siempre se producen desbalances que afectan a personas. Y en este caso ha sido así. Yo posiblemente hubiese sido partidario de no retenerla (ante su eventual partida a otro plantel), porque hubiese pesado fuertemente el efecto distorsionador", afirmó a El Mercurio.

"Creo que las decisiones de contratación en esos casos no debieran ser unipersonales. Debiera establecerse un nivel muy alto, que incluya al rector y otras autoridades, un equipo que pueda decidir en su mérito si vale la pena contratar o no", añadió la autoridad de la USS.

Finalmente, tomó distancia de los cuestionamientos políticos que ha recibido la universidad, sobre todo por la incorporación de varios exfuncionarios de los gobiernos de Sebastián Piñera, asegurando que "no somos un refugio de nada, no nos metemos en política".

Diputados PS solicitarán que Marinovic declare ante Ministerio Público por caso Cubillos-USS

En medio de la polémica por la relación entre Cubillos y la Universidad San Sebastián, la exconstituyente Teresa Marinovic acusó a la casa de estudios de ofrecer millonarios sueldos a sus compañeros de la Convención para que hicieran campaña por el Rechazo en el plebiscito de salida.

"Siendo yo todavía convencional, una persona convencional también, pero no militante UDI, me comentó que la habían incluido en una lista; una nómina de personas a las que se les pagaría por hacer campaña para el plebiscito de salida", fue parte de lo que relató la otrora representante del Partido Republicano.

Debido a estas declaraciones, los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, denunciantes en el denominado "Caso Cubillos-USS", anunciaron que instarán al Ministerio Público a llamar a declarar a Marinovic en calidad de testigo.

"Listados en la USS con ofrecimientos de pagos a exconvencionales, no por hacer clases sino para hacer campaña por el Rechazo, son parte de los antecedentes que afirmó haber recibido la exconvencional Marinovic. Esto refuerza nuestras sospechas, que van más allá de Cubillos y tienen que ver con un posible financiamiento ilegal de la política, y por eso presentamos una denuncia ante la Fiscalía", afirmó Cicardini.

En esa línea, los legisladores solicitaron también que se entreguen las nóminas de todos los exconvencionales y exconsejeros constitucionales que trabajaron o trabajan en la USS, con registro de que efectivamente se cursaron las clases.

A esto sumaron que se verifique si existió esta figura con parlamentarios o ministros de Estado, y que se cite a declarar al presidente del Partido Republicano y director en la USS, Arturo Squella, para que señale qué sabe respecto de esta denuncia.

"Es bastante extraño"

Respecto a estos cuestionamientos a Cubillos, el diputado Manouchehri afirmó que "lo que vemos va más allá de un salario alto fuera de mercado, se está desnudando un presunto mecanismo ilegal para financiar la política mediante sobresueldos a políticos pagados por una universidad".

"Los articuladores de esto podrían ser poderosos políticos que de esta manera podrían comprar conciencias e influir en temas de interés nacional con una red en diversos órganos del Estado financiados desde la universidad", puntualizó el militante PS, que advirtió también que "el vínculo de Hermosilla y Chadwick con la universidad no es casualidad".

"Este mecanismo se parece mucho a Penta. Por eso hemos denunciado con la diputada Cicardini a la Fiscalía y se ha abierto una investigación", cerró.

En tanto, su par Eric Aedo (DC) acusó que "este sueldo absolutamente fuera del mercado académico tiene que ser investigado no solo por las autoridades de la Superintendencia de Educación, sino que también se requiere una explicación adecuada por parte de ese centro universitario".

"Es la Fiscalía la que tiene que decir si esos pagos fueron debidos o indebidos o si estamos simplemente frente a una apariencia de pago por trabajos académicos cuando lo que se estaba financiando era la actividad política. Es bastante extraño que siendo ministra Cubillos haya entregado 1.500 millones de pesos a la universidad y luego reciba este pago", analizó el parlamentario, vicepresidente de la Cámara Baja.

"La educación no es un negocio ni una caja pagadora de favores de la UDI"

Mientras que la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio) alertó que se está "hablando de una universidad que recibe muchísimos recursos públicos, sobre todo del Crédito con Aval del Estado (CAE), es decir, a costa del endeudamiento de estudiantes".

"Se trata de sueldos millonarios, de un posible financiamiento irregular de la política incluso, de profesores e investigadores fantasma. Espero que se investigue y se esclarezca a fondo esta situación", solicitó la diputada, presidenta de la comisión de Educación de la Cámara Baja.

Finalmente, indicó que seguirán ejerciendo sus facultades fiscalizadoras, "porque la educación no es un negocio ni una caja pagadora de favores de la UDI. La ley en nuestro país prohíbe tanto el financiamiento irregular de la política como el lucro".