CPC: Ser empresario hoy es muchísimo más caro de lo que era antes

A dos semanas de un nuevo aniversario del estallido social de 2019, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ricardo Mewes, aseguró que en los últimos cinco años, se han aprobado normas que han hecho "más caro" ser empresario en Chile.

El líder del gran empresariado lo advirtió en Cooperativa al ser consultado respecto a la disposición de su sector, en esa época, a "meterse las manos a los bolsillos aunque doliera", dado que los avances sociales más demandados por la población en ese entonces, en materia previsional y tributaria, siguen sin concretarse.

"Siempre lo hemos dicho y lo reitero: para nosotros, la mejor política pública para ejercer la igualdad es la generación de empleos, y para hacerlo hay que crecer económicamente, y hemos sido majaderos en que para crecer, hay que invertir: eso genera crecimiento y mejores puestos de trabajo, movilidad social, y automáticamente, genera mayores remuneraciones", reflexionó en El Diario de Cooperativa.

Mewes considera que su gremio se abrió a reactivar la economía al plantear -en enero pasado- que Chile "se ponga a tono con los países OCDE en los impuestos corporativos, y apliquemos impuestos a los retiros y a los dividendos".

En cuanto a la discusión previsional en curso, "estamos poniendo plata cuando aportamos un 6% adicional para las pensiones; ese número sigue arriba de la mesa, no se ha sacado: eso sale de los bolsillos de los empleadores, y va contra el resultado de las empresas".

Entre las normas vigentes, el líder de la CPC relevó que "el tema de las 40 Horas significa un mayor esfuerzo del sector empleador y el salario mínimo también"; en suma, "creo que hay 19 leyes laborales distintas que están haciendo que ser empresario hoy sea muchísimo más caro de lo que era antes y hay empresas que, además, se están quedando en el camino".

"Entonces, si me preguntan si estamos sacando más plata (desde el gran empresariado), efectivamente se está poniendo más plata arriba de la mesa", remató.

Los cuestionamientos del Gobierno y la CUT

Desde el Ejecutivo, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeanette Jara (Partido Comunista), dijo este viernes que en cinco años han existido avances graduales, pero que una deuda pendiente es mejorar la distribución de los ingresos, también concretar la reforma a las pensiones.

"Creo que la principal deuda que tenemos con el país y que quedó evidenciada durante los días del estallido social es la reforma previsional. Creo que es la deuda más dolorosa que tenemos, una desigualdad importante que tenemos que resolver", señaló la secretaria de Estado.

"En algunas materias laborales hemos avanzado con gradualidad, con bastante gradualidad, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas. Se puede ir avanzando con gradualidad en este país, pero se requieren voluntades, y en pensiones esa voluntad todavía no se ha manifestado concretamente en la aprobación de una ley", añadió Jara.

"La necesidad de redistribuir los frutos de este país grande y hermoso todavía sigue pendiente", enfatizó.

Por su parte, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña, afirmó que, pese a los compromisos, los empresarios no han tenido voluntad de diálogo para avanzar en beneficio de los trabajadores.

"Los empresarios no se metieron la mano al bolsillo. De hecho, siguieron bregando en contra de los derechos y los beneficios sociales", advirtió.

"Aquí no ha habido un cambio real en las relaciones laborales, y cuando hoy hablamos de más y mejores beneficios a través de una conversación que es necesaria, sectorial y ramal, que tiene énfasis en una mirada a futuro, hoy se niegan sistemáticamente a poder dialogar y conversar", cuestionó Acuña.

"PREOCUPACIÓN" POR NUEVO CONTROL TRIBUTARIO

Después de que el Servicio de Impuestos Internos (SII) adelantara en la víspera los mecanismos de control que podrá ejercer gracias a la nueva ley de cumplimiento tributario, Mewes indicó que "claramente el foco que le está poniendo el director (Javier Etcheverry) es que más o menos un 80% va hacia quienes hacen negocios formales, y resulta que la informalidad solamente tendría un impacto cercano al 20%".

"A nuestro juicio, debiera ser absolutamente al revés, porque el mismo Michel Jorratt (exdirector del SII) decía hace pocos días que en las grandes empresas, en general, no se evade. Sí se evade en el comercio y las actividades informales, así que me preocupa un poquitito el foco que se le va a dar desde el SII al proceso de fiscalización de esta ley", admitió el líder gremial.

Otra inquietud que le genera la norma es "el pago simplificado de IVA a las operaciones de importación hasta 500 dólares; no entendemos qué significa eso, porque además, elimina el arancel, pasando a ser un problema de competencia respecto de las empresas que pagan arancel e IVA y hacen importaciones".

COLUSIÓN DE CASINOS "MINA LA FE PÚBLICA"

Finalmente, frente a la denuncia de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) contra los casinos Dreams, Enjoy y Marina del Sol por coludirse entre 2020 y 2021, el presidente de la CPC manifestó que "los conceptos que están detrás claramente nos preocupan, porque hemos tratado de hacer un esfuerzo importante para avanzar en buenas prácticas, en todas las empresas y gremios".

Por lo anterior, cree que la reciente ley de delitos económicos "tendrá que aplicarse con todo el rigor, porque estas son las cosas que, de comprobarse, afectan no solamente al sector privado, sino que también al país, porque van minando la fe pública".

Sin dar ejemplos, Mewes lamentó que "vemos otros tipos de hechos de corrupción que también van minando nuestro sistema democrático, y es algo que tenemos que cuidar. Tenemos que ser tremendamente respetuosos de nuestras instituciones, y en eso -creo yo- hemos estado fallando: tenemos que fortalecer la Corte (Suprema), el sistema político, el Poder Ejecutivo, en fin".

"Los atentados contra la libre competencia constituyen un abuso que dañan profundamente la confianza y la fé pública, afectan la transparencia en los mercados y la actividad empresarial, perjudicando el adecuado funcionamiento de la economía, el emprendimiento y las inversiones", concluyó.