Petro acusa "golpe de Estado" ante investigación a su campaña presidencial

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El Consejo Nacional Electoral resolvió presentar cargos por presuntas irregularidades en el financiamiento de su candidatura de 2022.

El Gobierno anunció que recurrirá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Según el CNE, durante la primera y segunda vuelta electoral, la campaña de Petro gastó más de 1,2 millones de dólares, superando los límites establecidos por ley.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, defendió su inocencia y aseguró que la investigación y formulación de cargos del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra su campaña de 2022 es el comienzo de un golpe de Estado.

El organismo resolvió aprobar -por siete votos a dos- la ponencia que pedía formular cargos a la campaña del mandatario por una presunta violación en los límites del gasto de recursos, presentada por los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz.

Esta es la primera vez que ese tribunal abre una investigación formal en contra de una campaña presidencial por la superación de los topes de gastos, que en este caso suman más de 5.355 millones de pesos (actualmente unos 1,2 millones de dólares).

"Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí como presidente constitucional, elegido democráticamente por voto popular por más de 11 millones de ciudadanos", dijo el mandatario en una alocución al país, durante la noche del martes.

El CNE considera que Petro, como candidato; el gerente de su campaña, Ricardo Roa, y otros miembros de su equipo deberán responder "por la presunta vulneración al régimen de financiación de las campañas electorales", pues se sospecha que, además de superar el límite establecido, recurrieron a fuentes prohibidas que no declararon.

GOBIERNO RECURRIÓ A LA CIDH

El Gobierno colombiano recurrió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) la decisión tomada por el CNE, según anunció este miércoles el vicecanciller colombiano subrogante, Jorge Rojas, en una rueda de prensa.

La autoridad reiteró que la medida tomada por el Consejo viola el voto popular que eligió a Petro presidente en 2022; situación que "puede ser muy grave para la democracia en Colombia", ya que "se ha desconocido el fuero que, como derecho, le asiste al mandatario".

"Este es un procedimiento muy peligroso para la democracia, yo lo llamo golpe a la democracia", afirmó Rojas, que lo ha comparado con el proceso de destitución que vivió Dilma Rousseff en Brasil en 2015: "En menos de 30 días fue destituida en un procedimiento similar".

Petro ya acudió a la CorteIDH cuando la Procuraduría (Ministerio Público) le suspendió en 2013 cuando era alcalde de Bogotá, por supuestas irregularidades en el trámite de un contrato de recogida de basuras.

Entonces, la CorteIDH determinó que sus derechos políticos fueron afectados por la sanción disciplinaria de la Procuraduría, quien no tiene competencias para inhabilitar a un funcionario democráticamente electo.

LAS CIFRAS

Según el CNE, la campaña presidencial de Petro no informó en sus cuentas a ese organismo de aportes para la primera vuelta electoral -disputada el 29 de mayo de 2022-, que suman 3.709.361.342 pesos (hoy 878.000 dólares).

Además, presuntamente tampoco declaró gastos por concepto de pago a testigos electorales y de propaganda, entre otros.

Los aportes supuestamente omitidos fueron hechos por la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), el partido Polo Democrático Alternativo y la Unión Sindical Obrera (USO).

Con relación a la segunda vuelta electoral -celebrada el 19 de junio de 2022-, la campaña de Petro, según el CNE, presuntamente violó también "el límite de gastos por la suma de 1.646.386.773 pesos (unos 389.541 dólares)".