Sergio Muñoz: "Están buscando una vía oblicua para sacar a este juez"
"Acúsenme por los fallos, pero no pueden porque las sentencias no pueden ser revisadas por otro poder del Estado", cuestionó el ministro de la Suprema, acusado constitucionalmente.
Recriminó una "injusticia" y descartó la denuncia que funda el libelo: que supuestamente reveló información privilegiada su hija, la jueza de Garantía Graciel Muñoz.
"Se votó en forma conjunta para que no importaran las razones, sino que simplemente la acusación pasara al Senado", analizó.
El ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz cuestionó la acusación constitucional que enfrenta en el Congreso, asegurando que es una "injusticia" y que la derecha le está pasando la cuenta por sus fallos.
El juez es acusado constitucionalmente junto a la exministra Ángela Vivanco, una acción que ya fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados y que ahora revisará el Senado por separado, dado las imputaciones no están relacionadas.
Mientras la exmagistrada es enjuiciada por su presunto vínculo con Luis Hermosilla en el bullado caso audio; Muñoz es acusado de supuestamente revelar información privilegiada su hija, la jueza de Garantía Graciel Muñoz, imputación que ministro niega.
En caso de aprobarse ambos capítulos en la Cámara Alta, que apuntan a la causal de notable abandono de deberes, ambos juristas no podrán ejercer cargos públicos por los próximos cinco años.
En entrevista publicada este domingo por La Tercera, Muñoz criticó el líbelo en su contra y aseguró que "están buscando una vía oblicua para sacar a este juez que está fallando en contra o no está acorde a sus intereses".
Al ser consultado sobre las acusaciones por no denunciar a su hija jueza por estar teletrabajando desde Roma, señaló que "hay dos casos en que la Corte de Santiago y la Corte de San Miguel absolvieron a las personas que fueron imputadas por trabajar desde el extranjero".
"Entonces, si fueron absueltas, no había obligación de parte mía de denunciar la infracción. Además, mi defensa ha sostenido que ese deber de denunciar una infracción disciplinaria no existe", aclaró le magistrado.
Niega favorecer a su hija en proyecto inmobiliario
Asimismo, en cuanto al caso Fundamenta, en el que se le acusa de favorecer a su hija en un proyecto inmobiliario, comentó que "acá hay una señorita o señora de la empresa Fundamenta que dice haber oído de mi hija que moviera las platas. Y de ese hecho se extrae el cargo que se está haciendo".
"Esa señorita no dice que mi hija le dijo, que su papá le dijo, que había visto la causa y que sabía de la causa. No lo dice. Tampoco esa señorita afirma haberme oído a mí decir eso. Entonces es una testigo de oídas. Y los testigos de oídas son generalmente frágiles y hay muchas legislaciones que los prohíben", puntualizó.
En esta línea, dio cuenta que no se inhabilitó en la causa porque "no sabía" de la situación, "por eso dice mi abogado, ¿qué padre que trata de proteger a la hija, vota para que el proyecto caiga? Ese fue mi voto".
"Mi voto fue acogiendo el recurso de casación de los vecinos porque consideré que no estaba correctamente efectuado el proceso de participación ciudadana. Y eso trae como consecuencia que tiene que hacerse una complementación con un nuevo proceso. Es decir, fallé en contra de los intereses de ella", aclaró el Supremo a La Tercera.
Según Muñoz, pese a las críticas que ha recibido, si es creíble que no haya sabido que estaba comprando en ese proyecto.
"Cuando ella iba en el octavo departamento, yo creo que cualquier papá da las aprensiones a su hijo. Se lo venía diciendo con anterioridad. Tuvimos un desencuentro en relación a eso. Entonces, respecto de estas otras promesas no tuve conocimiento. Incluso de algunas me enteré con mucha posterioridad a esto", dijo el juez.
Críticas a la acusación
Finalmente, al abordar la acusación constitucional en su contra, advirtió que "se votó en forma conjunta para que no importaran las razones, sino que simplemente la acusación pasara al Senado".
"En el derecho constitucional ningún profesor enseña a sus alumnos que la Constitución hay que interpretarla a la luz de la ley. Es exactamente lo contrario. La ley hay que interpretarla a la luz de la Constitución", aseveró.
"Hay una crítica a los fallos. Acúsenme por los fallos, pero no pueden porque las sentencias que uno dicta no pueden ser revisadas por otro poder del Estado. Eso es lo que dice la Constitución. Están buscando una vía oblicua para sacar a este juez que está fallando en contra o no está acorde a sus intereses", cerró Muñoz en su cuestionamiento.
Reacciones del mundo político
Tras las declaraciones de Muñoz, el senador Daniel Núñez (PC) sostuvo que "lo que él tiene que hacer para poder votar como jurado de forma responsable es estudiar todos los antecedentes que haya con el máximo rigor. Y me parece que la entrevista que da en La Tercera aporta muchos antecedentes".
"Ahora, hay una cosa que yo sí adelanto y comparto con lo que él señala, y esto también fue compartido por distintos diputados, y es que la acusación debe ser fallada, en el caso del Senado, cada una por separado y en su mérito", complementó el legislador.
Por su parte, el diputado Guillermo Ramírez, timonel de la UDI, manifestó que "el ministro Muñoz en vez de responder las causales que nosotros ponemos en el libelo, que merecen su destitución, deciden desviar la atención y decir algo que es falso".
"Él lo que dice es que nosotros hemos presentado la AC porque no nos gustan sus sentencias. Este no es un juicio sobre sus sentencias, la Constitución no permite hacer juicios sobre sentencias, nosotros estamos haciendo juicio sobre hechos que van más allá de la labor jurisdiccional del ministro, y será el Senado el que va a analizar el libelo, los hechos, las pruebas presentadas, y determinarán si ameritan o no su destitución", agregó el legislador gremialista.
Por su parte, el senador Matías Walker, de Demócratas, afirmó que "lo más importante es escuchar la acusación, escuchar la defensa, actuar no políticamente, sino que con criterio de jurado, como dice la Constitución. Hay que asumir esta labor con mucha responsabilidad, porque no solamente está en juego la destitución de los ministros, sino que su inhabilitación por cinco años para ejercer un cargo público, lo que es una pena accesoria y, por lo tanto, debe evaluarse con mucha responsabilidad".