Fiscalía no solicitará la prisión preventiva contra Yáñez, Rozas y Olate

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Cooperativa.cl

Desde el Ministerio Público indicaron que, conforme a la colaboración en la investigación y el hecho de que ya no se mantienen en el cargo, se logró un acuerdo con las defensas de los tres generales (r).

El ente persecutor pedirá arraigo nacional con firma quincenal, mientras que algunos querellantes sí buscarán el encarcelamiento.

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Tras 12 días de receso, esta jornada se retomó la tercera jornada de formalización contra Ricardo Yáñez, Mario Rozas y Diego Olate, la que continuará este martes.

Tras 12 días de receso, este lunes se realiza la tercera jornada de formalización contra los generales (r) directores de Carabineros, Ricardo Yáñez y Mario Rozas, y del exsubdirector de la institución Diego Olate, imputados por la Fiscalía por su presunta responsabilidad de mando en los delitos de apremios ilegítimos por omisión durante el estallido social.

En la audiencia, que se desarrolla en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se discuten las posibles medidas cautelares contra los imputados: Fiscalía pedirá arraigo nacional y algunos de los querellantes prisión preventiva.

Respecto a la tipificación de los delitos que les imputan a los tres generales en retiro, la fiscal Ximena Chong afirmó que se incluye "todo acto que les fuera conocido, y particularmente en razón de las querellas interpuestas por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos".

La exposición de la Fiscalía

Durante prácticamente toda la mañana, los representantes del Ministerio Público hicieron uso de la palabra para argumentar la composición del delito de omisión de mando, poniendo como ejemplo una serie de informes solicitados por las autoridades que tenían, entre otros ítems, información sobre el uso de disuasivos químicos y de los lesionados civiles durante el control del orden público.

También el ente persecutor ha insistido en distintos puntos y aludió a normas nacionales e internacionales sobre la responsabilidad de mando de los imputados. Incluso, se habló de una serie de informes que fueron solicitados por parte de la Dirección General de Carabineros a la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros (Dioscar), que en ese entonces dirigía Yáñez, donde se dice que se habría solicitado una nómina de lesionados con perdigones, con una ficha que incluía antecedentes previos del lesionado.

Desde la Fiscalía dicen que no se estaba recolectando información sobre la gravedad de las lesiones, el estado de salud de los afectados ni de posibles responsables, sino de nómina asociada a la ubicación de antecedentes previos que no guardan en relación con los hechos.

"Conforme a la nómina de lesionados que existen a fecha por perdigones, se dispone a ese departamento confeccionar una ficha por cada uno de los lesionados, debiendo incluir -y acá es lo interesante- consultas al sistema de control imputado conocido, es decir, a los antecedentes policiales previos de las personas lesionadas. De lo que se trataba es de no recolectar información sobre la gravedad de las lesiones, no recolectar información respecto del estado de salud de los lesionados, sino que más bien está asociada a la ubicación de antecedentes previos", detalló la persecutora. 

También apuntan a que, por ejemplo, haciendo una composición de mapas de donde estarían ocurriendo los apremios ilegítimos y los disturbios, éstos no coincidirían.

Con estos y otros antecedentes, la fiscal Chong hizo hincapié en que "en estos escenarios de atomización de los poderes de decisión, unido a un riesgo latente de lesión de los más preciados bienes fundamentales, las exigencias que pesan respecto de Carabineros tienden a robustecerse y no a limitarse. Eso es lo que es exigible en un contexto de un Estado de Derecho Democrático".

"En tanto existan más funcionarios potencialmente cuyas acciones que deciden en un contexto de autonomía son más potencialmente lesivas, mucho más intensos deben ser los controles", afirmó la persecutora.

Fiscalía y defensas llegan a acuerdo por cautelares

Desde el Ministerio Público adelantaron que, conforme a la colaboración en la investigación y el hecho de que ya no se mantienen en el cargo, se logró un acuerdo con las defensas de los tres generales en retiro para pedir la medida cautelar de arraigo nacional con firma quincenal.

Este trato fue cuestionado por algunos abogados querellantes, pues no consideran que haya una colaboración en la investigación por parte de los imputados. Por ello, van a solicitar la prisión preventiva para los tres generales en retiro.

La abogada querellante Karina Fernández sostuvo que "en este caso, a pesar de que el general Yáñez estaba formalizado, él hizo una entrega de mando, donde los carabineros desfilaron frente a él, donde él se refirió a que él iba a ser eternamente un carabinero y donde el general, que ahora es el general director, señaló y se sintió orgulloso de haber formado parte de su alto mando, pero además mantuvo -afirmó- que él iba a ser una continuidad. No puedo señalar, sino que considero que hay riesgos procesales importantes cuando la autoría llamada a entregar esta información se plantea como la continuadora, precisamente, del mando de quienes están siendo imputados". 

Mientras que el el abogado Sergio Contreras, defensor de Olate, desdramatizó el cuestionamiento dado que los querellantes "están en su derecho y vamos a respetarlo atentamente".

De todos modos, "nosotros tenemos un acuerdo con el Ministerio Público, ese acuerdo lo vamos a respetar, nos parece razonable y los querellantes están en su derecho de solicitar lo que la ley les dice que pueden solicitar", explicó el jurista.

La audiencia de esta jornada se extendió hasta las 15:00 horas, y continuará durante este martes a las 9:00 de la mañana.