Estallido social: Defensa de Rozas destacó "transparencia" de Carabineros

En la cuarta jornada de formalización contra generales en retiro de Carabineros, la abogada Susana Borzutzky, defensora del exdirector policial Mario Rozas, destacó el carácter colaborativo de la institución durante el estallido social -cuando estuvo bajo su mando- frente a causas de derechos humanos.

Rozas es uno de los tres generales (r) de la época que enfrentan esta audiencia, reanudada el lunes en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, a quienes la Fiscalía atribuye presunta responsabilidad de mando en los delitos de apremios ilegítimos por omisión en el marco de la revuelta.

El equipo jurídico del entonces general director destacó este martes las medidas que tomó en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), así como la apertura de sumarios ante cada querella por vulneraciones y la baja de los carabineros Claudio Crespo, Sebastián Zamora y Patricio Maturana, todos involucrados en casos de alta connotación pública durante las protestas.

"Hubo coordinaciones directas con el INDH a partir del 19 de octubre: se facilitó la entrada de abogados, organismos y observadores de derechos humanos a todas las comisarías, tenencias y retenes del país, y se les facilitó la coordinación con los detenidos. Nada se ocultó, nada se escondió, hubo transparencia", relevó Borzutzky.

La defensora de Rozas hizo ver que en esta misma audiencia "escuchamos cómo la fiscal (Ximena) Chong señaló que Carabineros entregaba la información requerida; la entregó a todos los organismos, tanto públicos como privados, solicitada durante y con posterioridad al estallido social, y por los Tribunales de Justicia".

"Es por eso que (los persecutores) han podido realizar los procedimientos contra los mismos carabineros", subrayó la abogada.

Asimismo, "hicimos presente que no puede haber omisión si hay acción, (y) nuestros representados actuaron, controlaron y supervisaron el orden público en respeto a los derechos humanos; y también se hizo presente que esta parte no manifestó oposición a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía, sólo para ilustrar que nadie se encuentra sobre la ley".

En la misma línea, el abogado Sergio Contreras, defensor del exsubdirector Diego Olate, apuntó en su argumentación que al inicio del estallido rigió un estado de excepción constitucional de emergencia entre el 19 y 27 de octubre de 2019.

Puntualizó que en ese escenario el mandato sobre el despliegue del orden público le correspondía al jefe militar designado y no a los tres generales policiales imputados, y precisó que en ese periodo ocurrieron casi 60 de los 228 casos que presenta el Ministerio Público.

Además, el general Olate estuvo de vacaciones en todo el mes de enero de 2020, durante el cual se registraron otros 10 casos.

"Lo que quise dejar en claro es que el relato que hacen los querellantes es un argumento que, a mi juicio, carece de algunos elementos porque, por lo que dispone la ley y lo que dispuso el decreto, el mando lo tenía otra persona", enfatizó Contreras.

La defensa ha leído documentos internos de Carabineros en las que se mandataban medidas para aminorar la situación de aprehemios ilegítimos que habrían estado ocurriendo durante esa contigencia, como la instalación de cámaras de seguridad en todos los lugares de paso de detenidos, luego de denuncias de torturas en algunas comisarías y centros.

Por otro lado, los formalizados insisten en que la policía se vio sobrepasada en este contexto: de hecho, la defensa del general (r) Rozas advirtió que entre octubre de 2019 y marzo de 2020 hubo más de 19 mil eventos delictuales -saqueos e incendios, entre otros-, los que dejaron a más de 4.800 carabineros lesionados y causaron daños en 1.068 locales comerciales, 235 entidades financieras, 440 supermercados y 67 bencineras.

En el mismo periodo, se reportaron 262 ataques a estaciones de Metro, 434 contra edificios públicos y 544 contra cuarteles policiales.

TRIBUNAL DICTARÁ CAUTELARES EL JUEVES

A la espera de que el tribunal defina las medidas cautelares este jueves, y después de que la Fiscalía anunciara que no pedirá prisión preventiva para ninguno de los acusados, el abogado querellante Luis Mariano Rendón solicitó la cautelar más gravosa sólo contra Ricardo Yáñez, el último general (r) director en abandonar la policía uniformada.

El jurista aludió a que su reciente renuncia al cargo, y su manifiesta cercanía con su sucesor, Marcelo Araya, constituye una posible influencia sobre la institución que podría afectar el correcto desarrollo de la indagatoria.

"Existen antecedentes -de acuerdo con los requisitos que exige el Artículo 140 del Código Procesal Penal- que permiten considerar que el imputado afecte el éxito de la investigación, particularmente mediante la inducción a testigos, peritos o terceros para que informen falsamente, o se comporten de manera desleal o reticente", alertó Rendón.

La audiencia fue pausada nuevamente esta tarde, una vez finalizada la exposición de la defensa del exsubdirector de Carabineros Diego Olate. Así las cosas, el equipo del general (r) director Yáñez expondrá ante el Juzgado mañana miércoles, cuando podría haber dictación de cautelares.