Caso Brinks: Prisión preventiva para los cinco excarabineros detenidos
El Juzgado de Garantía de Rancagua argumentó que la libertad de los exfuncionarios, acusados de prestar cobertura en el robo, representa un peligro para la sociedad.
El tribunal estableció el traslado de los imputados hasta el anexo cárcel de la Subcomisaría Pudahuel Norte, en Santiago, tras una solicitud de los abogados defensores.
Se fijó, además, un plazo de ocho meses para desarrollar la investigación, que comenzó a regir desde el 21 de agosto tras las primeras formalizaciones.
El Juzgado de Garantía de Rancagua decretó este jueves la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los cinco carabineros que fueron detenidos y dados de baja el martes por la presunta cobertura que dieron a la organización criminal que -el 16 de agosto- protagonizó un multimillonario robo a una sucursal de la empresa de valores Brinks en la capital de la Región de O'Higgins.
Los imputados fueron formalizados ayer por asociación criminal, robo con intimidación, siete incendios y dieciocho receptaciones de vehículos.
Durante la audiencia de hoy, el tribunal argumentó que la libertad de los exfuncionarios representa un peligro para la sociedad.
El fiscal regional de Rancagua, Aquiles Cubillos, puntualizó que "sólo dos imputados de los cinco han declarado, y para nosotros sólo una de éstas podría eventualmente ser equivalente a alguna colaboración. Eventualmente podrían haber otros exfuncionarios implicados, especialmente en la 'arista Prosegur'".
Consultado por un posible agravante relacionado al hecho de que los acusados eran funcionarios policiales al momento de cometer el delito, el persecutor aclaró que "como lo recogió el tribunal, no es un agravante propiamente tal, pero sí para nosotros -en definitiva- viene a ser una circunstancia que agrava el delito en sí. Por tanto, lo ha tenido en cuenta el tribunal para decretar la prisión preventiva de los cinco imputados".
Los exuniformados fueron trasladados hasta el anexo cárcel de la Subcomisaría Pudahuel Norte, en la Región Metropolitana, tras una petición de los abogados defensores, que fue autorizada como "medida de protección" por el tribunal.
El abogado defensor privado Diego Rojas descartó que uno de los cinco exuniformados haya entregado información relevante a la Fiscalía, y que dio esa declaración bajo una situación de "coacción psicológica".
Se fijó, además, un plazo de ocho meses para desarrollar la investigación, que comenzó a regir desde el 21 de agosto tras las primeras formalizaciones.
En total, la indagatoria suma 28 imputados en prisión preventiva.