Gobierno solicitará aplazar desalojo de la megatoma de San Antonio
La Corte Suprema ratificó en marzo el fallo de la Corte de Valparaíso, que fijó para este 6 de noviembre la expulsión de alrededor de 3.000 familias.
La Delegación Regional busca que el tribunal de alzada postergue la disposición por un año o el tiempo que estime pertinente, a fin de gestionar una solución habitacional.
Si bien los ocupantes agradecen la intervención, piden que el Gobierno plantee "seriamente" a los dueños del terreno tomado la regulación del asentamiento: "La solución no es buscar un plazo, sino que parar el desalojo de forma definitiva", afirman.
La Delegación Presidencial de Valparaíso solicitará ante la Corte de Apelaciones de la capital regional aplazar el desalojo de la megatoma de San Antonio por un año, o el plazo que estime necesario, con el fin de gestionar una solución habitacional para las familias que ocupan el terreno.
A fines de marzo, la Corte Suprema ratificó el fallo del tribunal de alzada que fijó para el 6 de noviembre la expulsión de alrededor de 3.000 familias -casi 10 mil personas- emplazadas en un paño de 260 hectáreas, asentamiento que impidió construir el acceso norte al puerto local, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario.
"Como Gobierno, tenemos plena conciencia de la responsabilidad que conlleva dar cumplimiento al mandato de la Justicia, y del impacto que tiene sobre la comunidad, tanto dentro como fuera de la toma. Es por eso que hemos evaluado escenarios, herramientas institucionales y también medios, y hemos tomado la decisión de presentar una solicitud de aplazamiento legal de esta acción, a través de un téngase presente", expuso la autoridad regional, Sofía González.
La delegada aseguró que si el recurso llegase a ser acogido, durante el periodo que sea otorgado "seguiremos avanzando en las estrategias lideradas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo", al tiempo que declaró tener "la confianza de que la Justicia atenderá esta solicitud, considerando la fuerza de los argumentos que hemos presentado".
La comunidad se reunirá este lunes con González para conocer en detalle en qué consiste la acción legal y cómo podría beneficiarlos.
En la previa, la dirigenta Karina Ayala estimó que "todas las acciones que sean en nuestro beneficio no son malas, pero creo que la solución no es buscar un plazo, sino que parar el desalojo de forma definitiva", lo que -a su juicio- podría lograrse una vez que "el Gobierno se siente seriamente con los dueños y busquen una solución".
"Hoy por hoy, según lo que sabemos, no ha habido ninguna intención del Gobierno en sentarse con el dueño para llegar a algún acuerdo en cuanto a nosotros. Queremos comprar nuestro espacio, pero es necesario entender que hay gente de escasos recursos, y tenemos que dar una solución homogénea a todas las personas que están en el campamento", enfatizó la representante.