Comisión mixta aprobó creación del Ministerio de Seguridad, pero redujo facultades de subsecretario

La comisión mixta dedicada al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública despachó su informe este martes, en el cual opta por eliminar la facultad del futuro subsecretario para solicitar informes de inteligencia, y la reserva exclusivamente al titular de cartera.

La decisión responde a las gestiones irregulares atribuidas al exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, que han levantado suspicacia entre parlamentarios sobre las potestades que deberían tener las nuevas autoridades bajo la Ley de Inteligencia.

Por otro lado, se acordó que una vez promulgada la ley, el Ejecutivo tenga un plazo de ocho meses para elaborar los reglamentos necesarios para su implementación.

Si el Congreso aprueba la norma por estos días, es posible que sea promulgada en enero próximo, y de acuerdo con los plazos establecidos en los artículos transitorios, este Gobierno podría nombrar a su primer ministro de Seguridad Pública a fines de 2025.

Futuro seremi de Seguridad Pública

La instancia parlamentaria también determinó que la figura regional dentro del nuevo Ministerio se implemente a través de un Secretario Regional Ministerial (seremi), y dispuso medidas para equilibrar su rol con el que actualmente corresponde al delegado presidencial regional.

Por ejemplo, que los consejos regionales de seguridad sean presididos por el delegado, mientras que el seremi de Seguridad desempeñe el rol de secretario ejecutivo, indicó el medio.

En este marco, hubo una discusión particularmente airada sobre los requisitos para acceder al cargo regional, que finalizó al imponerse una propuesta -impulsada por los senadores José Durana (UDI), Manuel José Ossandón (RN) y Paulina Vodanovic (PS)- que dispone "tener al menos tres años de experiencia profesional en materia de seguridad, prevención del delito u otros afines, o seis años de experiencia profesional".

Las diputadas Lorena Fries (Frente Amplio) y Alejandra Placencia (PC) votaron en contra, pues buscaban que el puesto fuese ocupado por una persona con "al menos tres años de experiencia previa en materia de seguridad, o seis años de experiencia profesional que demuestren idoneidad para el cargo".