Dominga: ¿Debe el Gobierno apelar el fallo ambiental?

En El Primer Café, el diputado del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri y el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, abogaron por la apelación del fallo del Tribunal Ambiental que ayer acogió por unanimidad el reclamo contra la decisión del Gobierno de rechazar el megaproyecto Dominga, mientras que la secretaria general de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, afirmó que la presentación de un recurso sería "una señal muy mala".

La controvertida iniciativa, que incluye una mina y un puerto, se ubica a 16 kilómetros de la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo, y cerca del Archipiélago de Humboldt, que resguarda uno de los ecosistemas más importantes del mundo y donde vive el 80% de esta especie de pingüinos.

"Como Ejecutivo respetamos las decisiones de otro poder del Estado. Hay que considerar que esta es una decisión que aún puede ser revisada por la Corte Suprema y que no podemos referirnos al fondo del asunto por ser un proceso pendiente", dijo hoy la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

Al respecto, el diputado Manouchehri opinó que "todo el debate de Dominga confronta dos posiciones en una sola pregunta: si estamos nosotros disponibles a sacrificar para siempre biodiversidad, vida, a cambio de dinero", y remarcó que "Dominga ha sido una empresa que ha estado desde sus inicios ligada a la corrupción".

A juicio del parlamentario por Coquimbo, el fallo "tiene claras ilegalidades", pues -apuntó - "el tribunal ha excedido, evidentemente, las facultades que tenía", al haber "dado indicaciones de cómo debe ser el proceso de aprobación que se debe hacer en el caso Dominga".

Agregó que "una de las ministras que votó ayer, la señora Sandra Álvarez Torres, su último trabajo antes de ser nombrada como jueza en este tribunal ambiental (...) fue (como) asesora del Ministerio de Defensa durante el Gobierno de Sebastián Piñera".

Finalmente, afirmó que "es de sentido común el hecho de que instalar un puerto minero donde está el 80% de la población de pingüinos de Humboldt del planeta Tierra evidentemente es un atentado a la biodiversidad y esos son datos que, a mi juicio, son demasiado relevantes que deben ser tomados en cuenta en lo que viene".

Timonel PC: Apelar es una obligación civilizatoria

Desde el PC, en tanto, Lautaro Carmona sostuvo que apelar el fallo es una "obligación de civilización", porque, aseguró, Dominga se trata de "un atentado a un recurso que supera al Estado de Chile, que es planetario".

"Las cosas en la vida no son blanco o negro, pero tienen color y el problema está en que una posición que se tome frente a un tema de linda con afectar el medio ambiente y reservas de fauna y flora que son exclusivas a nivel planetario no tiene reversa; son irreparables", dijo el timonel comunista.

En ese sentido, sostuvo que "la mínima obligación de parte del Estado, a propósito de los deberes en el plano internacional, con todas las convenciones que hay, pero también a propósito del país y también protegiendo a la comunidad local, es apelar a este fallo que, a todas luces, parece extemporáneo".

RN: Apelar "sería una señal muy mala"

Por parte de RN, Andrea Balladares señaló que una apelación "sería una señal muy mala".

"Aquí la pregunta es si efectivamente vamos a hacer esto con responsabilidad. Yo creo que sí se puede avanzar en materia económica con grandes proyectos como Dominga y con responsabilidad por la biodiversidad. No creo que esto sea 100% un blanco o negro", indicó la secretaria general de la tienda opositora.

"Espero que el Gobierno reflexione, asimismo como ya lo han hecho algunos ministros, y que esto no traiga mayores coletazos y (Dominga) se pueda desarrollar en un ambiente de cuidado del medioambiente y la biodiversidad y el cuidado de los proyectos económicos que necesitamos impulsar", enfatizó la dirigenta. 

"Argumentación inusualmente dura"

A su turno, el vicepresidente de Amarillos por Chile, Isidro Solís, dijo que le "encantaría que esto siga su curso. Es más, si (en el Gobierno) no están de acuerdo, ojalá se apele y tengamos una resolución definitiva".

En esa línea, el exministro de Justicia puso el acento en la "argumentación inusualmente dura" de los jueces, que apuntaron, entre otros aspectos, que la decisión tomada por el comité de ministros en enero de 2023 contiene "pronunciamientos contradictorios e incoherentes" y que el gabinete actuó fuera del plazo legal establecido.

Solís afirmó que "el desarrollo tiene que tener un elemento que lo haga compatible y amigable con el medioambiente y, por lo tanto, por cierto, la discusión respecto de si la instalación de ese puerto ahí afecta o no afecta al medioambiente, o afectándolo eventualmente se pueden tener mitigaciones que sean eficaces para que se desarrolle, es una discusión válida".