La reforma previsional ya está en marcha: ¿Cuándo sube la PGU?

El Diario Oficial publicó este miércoles la Ley 21.735, que reforma el sistema previsional y crea un Seguro Social, iniciativa que fue promulgada la semana pasada por el Presidente Gabriel Boric tras un extenso debate en el Congreso.

Con la publicación de la ley, comienzan a correr los plazos que dicta la misma para la implementación de los beneficios y sus diferentes medidas.

El primer hito de implementación es la entrada en vigor de la ampliación del Seguro de Lagunas Previsionales del Seguro de Cesantía, en mayo próximo.

Este instrumento, que actualmente paga cotizaciones en períodos de desempleo a quienes hagan uso del Seguro de Cesantía con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, se extenderá a quienes lo hagan con cargo a sus cuentas individuales de cesantía.

En tanto, el aumento de la nueva cotización del 7% del empleador comenzará de manera gradual con el 1% de la renta imponible, en agosto.

Esta alza se completará en un periodo de 9 años, con la posibilidad de extenderse a 11 años, en la medida que una evaluación externa sobre la Ley de Cumplimiento Tributario dé cuenta de un menor efecto recaudatorio al esperado, conforme a las recomendaciones que el Consejo Fiscal Autónomo realizó durante la tramitación legislativa.

Los cambios en el pago de la PGU

En septiembre de este año, comenzará el pago del nuevo monto de 250.000 pesos de la Pensión Garantizada Universal (PGU) al primer grupo de beneficiarios, que serán los pensionados de 82 años o más.

Este proceso continuará en septiembre de 2026, cuando el nuevo monto reajustado llegará a pensionados de 75 años o más. En septiembre de 2027 recibirán el nuevo monto, con los reajustes respectivos, los pensionados de 65 años o más.

En cada fecha mencionada, por otra parte, se incorporarán a la PGU quienes reciben prestaciones de las leyes reparatorias (Valech, Rettig y exonerados) de los mismos cortes etarios.

En enero de 2026 se pagarán, por primera vez, las prestaciones del Seguro Social, que son el Beneficio por Años Cotizados, de 0,1 UF por cada año contribuido, con un tope de 25 años, y la Compensación a Mujeres por Mayores Expectativas de Vida, cuyo monto mínimo es de 0,25 UF (10.000 pesos, aproximadamente).

La primera licitación del stock de afiliados, medida que beneficiará a los afiliados al elevar la competencia entre las AFP y reducir sus costos de administración, tendrá lugar en agosto de 2027. En este proceso, que se realizará cada dos años, se licitará de forma aleatoria al 10% de los trabajadores que a la fecha correspondiente ya se encuentren afiliados.

Este grupo será adjudicado al oferente con la menor comisión, la que deberá mantener por cinco años para todos sus afiliados. Las personas que son parte de la licitación podrán desistir o cambiarse de inversor en cualquier momento. Los nuevos afiliados, por su parte, ingresarán automáticamente a la AFP con la menor comisión.

"Es un importante hito para todos los pensionados del país", destacó Jara

Respecto a esta publicación en el Diario Oficial, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, señaló que es un paso que "da inicio a la implementación de los beneficios de la reforma previsional que, con acuerdo entre el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y parte mayoritaria de la oposición, hemos logrado aprobar en el Congreso".

"Es un importante hito para todas las pensionadas y pensionados del país, que verán por fin mejorar sus pensiones por la creación del Seguro Social y la nueva regulación a la industria, que beneficiará a las personas al elevar la competencia y mejorar la rentabilidad de los ahorros", agregó la secretaria de Estado.

Por su parte, el subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes, indicó que la entidad está trabajando "en la implementación de la reforma a las pensiones, coordinando a los distintos organismos públicos involucrados".

"Este es un esfuerzo que requiere rigurosidad técnica y trabajo conjunto con instituciones como la Superintendencia de Pensiones, el Instituto de Previsión Social (IPS), la Tesorería General de la República (TGR) y el Ministerio de Hacienda", analizó la autoridad.

"Cada una de estas instituciones tiene un rol fundamental en la operatividad del nuevo sistema: desde la regulación normativa hasta la recaudación y el pago de los beneficios. El desafío que enfrentamos es asegurar que todo esté funcionando de forma articulada para que las personas reciban oportunamente sus beneficios", cerró.