Los descendientes pidieron que, en vez de exhumar los restos, la zona se sea declarada "lugar apto para el enterramiento".
La familia de Federico García Lorca facilitará su ADN para la identificación de los restos del poeta español fusilado durante la Guerra Civil (1936-1939), a pesar de que se opone a su exhumación, según declaraciones recogidas en el diario El País.
"La sobrina del poeta Laura García-Lorca precisó ayer (martes) que 'llegado el momento, facilitaríamos ADN si existiera la posibilidad de identificar' a su tío", según el diario de este miércoles.
El lunes, sus sobrinos pidieron al gobierno regional de Andalucía, que actualmente realiza trabajos para encontrar y abrir la fosa común donde supuestamente está enterrado Lorca, que no la abra.
Los familiares proponen que, en lugar de abrir esa fosa y otras con víctimas de la guerra supuestamente enterradas en ese paraje cerca de Granada, que la zona sea declarada "lugar apto para el enterramiento, para así proteger a todas las víctimas de la represión", según un escrito enviado al gobierno andaluz el lunes.
Pero si finalmente se abre la fosa, reclaman poder "solicitar la identificación de los restos" y "disponer de los mismos", y en ese marco facilitarían el ADN.
Lorca fue fusilado en agosto de 1936, un mes después del inicio de la Guerra Civil, por miembros del bando nacionalista sublevado, al mando del general Francisco Franco, contra el gobierno democrático republicano.
Su cuerpo estaría enterrado junto a los del profesor Dióscoro Galindo y los toreros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas.
Inicio de la investigación
En octubre de 2008, el juez español Baltasar Garzón inició una investigación sobre la suerte de más de 114 mil desaparecidos durante la Guerra Civil y autorizó la apertura de 25 fosas, entre ellas la de Lorca.
Un mes después trasladó la investigación a juzgados locales, pero una jueza de Granada se negó a autorizarlo.
En julio, el gobierno regional de Andalucía decidió responder al pedido de apertura de la fosa de la familia del profesor Dióscoro Galindo.
La Ley de Memoria Histórica, adoptada en 2007 para rehabilitar a las víctimas de la Guerra Civil, prevé que las instituciones apoyen la apertura de fosas comunes y la identificación de cuerpos, aunque no se ha llevado a la práctica plenamente.
