Sus deudos pidieron proteger "su memoria y dignidad".
Andalucía lleva adelante un proceso de crímenes durante el franquismo.
La familia de Federico García Lorca pidió que no se "remuevan" los restos del poeta español a las autoridades de Andalucía, donde hace dos semanas comenzaron los trabajos para la exhumación de una fosa común en la que además de él podrían estar enterrados otras tres víctimas del franquismo.
En un escrito presentado ante la Consejería de Justicia del gobierno regional andaluz, la familia del autor de "Bodas de sangre" pidió que se "evite adoptar una decisión individualizada" sobre la fosa, situada en la localidad granadina de Alfacar, y que se intente satisfacer a todas las víctimas enterradas en ella, "protegiendo su memoria y dignidad".
Lorca fue ejecutado la madrugada del 19 de agosto de 1936, a comienzos de la Guerra Civil (1936-1939), a manos de las fuerzas del después dictador Francisco Franco (1939-1975) por ser republicano. Junto a él aparentemente fueron fusilados y enterrados el maestro republicano Dióscoro Galindo y los anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas.
La familia del poeta y dramaturgo cree que ese lugar debería ser declarado apto para el enterramiento, una "solución" que, según el escrito presentado, conciliaría las posturas de las familias de todas las víctimas que yacen allí.
Los descendientes de Lorca piden también reservarse el derecho a identificar los restos del poeta "y disponer de los mismos". Técnicos del Instituto Andaluz de Geofísica delimitaron el pasado 22 de septiembre una zona de 300 metros cuadrados en la localidad de Alfacar para examinarla con georradares, unos aparatos que si bien no pueden detectar restos óseos sí son capaces de determinar dónde hubo movimientos de tierra que indiquen la existencia de una tumba.
La causa que llevará a la apertura de la fosa fue iniciada por el juez Baltasar Garzón en el marco de su investigación de los crímenes del franquismo, una causa que sin embargo tuvo que abandonar a finales del año pasado por un recurso de la fiscalía. El procedimiento está ahora en manos de los distintos juzgados territoriales del país.
