Autoridades solicitaron a ANFP colaborar con Ministerio Público en casos de violencia de género

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, y el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, enviaron este lunes un oficio a la ANFP, presidida por Pablo Milad, para abordar casos de violencia de género que han afectado al mundo del fútbol chileno y solicitaron entregar al Ministerio Público toda la información disponible respecto a la ocurrencia de hechos que pudiesen ser constitutivos de delitos.

Este oficio fue enviado "a propósito de las diversas y lamentables noticias que se han suscitado producto de situaciones de violencia de género cometidas tanto al interior de recintos deportivos, como también conductas realizadas fuera de los mismos, pero ejecutadas por jugadores profesionales", señala el comunicado de las autoridades.

Esta solicitud busca acelerar la entrega de antecedentes ante la Justicia y que las instituciones puedan entregar respuestas oportunas y reparadoras a las víctimas, asegurando la no repetición de estos hechos en el futuro.

La ministra Orellana señaló que, desde el Ejecutivo, se busca impulsar un mejor funcionamiento de los decretos y protocolos al interior de las instituciones deportivas "a partir del endurecimiento de la ley, el año pasado y también a partir de la toma de razón del registro de ofensores en Contraloría".

"Pero creemos que es necesario que la estructura máxima del fútbol en nuestro país dé las señales de confianza y transparencia respecto al manejo de denuncias al interior de sus instituciones y pueda entregárselas a quien es el órgano encargado en nuestra Constitución para investigar los delitos, el Ministerio Público", precisó la ministra.

Jaime Pizarro: Es esencial la colaboración

Por su lado, el ministro Pizarro enfatizó que "es fundamental resguardar la esencia del deporte, cuya naturaleza es propiciar espacios seguros, de sana convivencia y un ambiente familiar. Es fundamental que desde todos los espacios trabajemos y contribuyamos a combatir todo lo que atente contra ello. Si queremos que el deporte siga siendo un punto de encuentro, es esencial la colaboración de todos los actores involucrados".

Este oficio se enmarca en el mandato de la Ley N° 19.712, la cual establece como deber del Estado asegurar condiciones necesarias para el desarrollo de actividades físicas y deportivas; lo que incluye la necesidad de sancionar todas las conductas de acoso y abuso sexual, discriminación y maltrato que puedan ocurrir en este contexto específico.

Consignar que el pasado 4 de julio se desarrolló, en la Cámara de Diputados y Diputadas, la quinta sesión de la Comisión Especial Investigadora por Agresiones Sexuales en el Deporte. Una instancia que surgió tras la denuncia de una joven que acusó ser víctima de una violación grupal por parte nueve excadetes de Cobreloa, quienes actualmente se encuentran en prisión preventiva.