Justicia de Brasil bloqueó los bienes del alcalde de Río de Janeiro por obras olímpicas
La cantidad bloqueada a Eduardo Paes es de 53.780 dólares, aproximadamente.
El impago de las tasas medioambientales alcanzarían la suma de 710.000 dólares.
La cantidad bloqueada a Eduardo Paes es de 53.780 dólares, aproximadamente.
El impago de las tasas medioambientales alcanzarían la suma de 710.000 dólares.
La Justicia brasileña ordenó bloquear las cuentas del alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, acusado por la fiscalía de mala práctica administrativa en la construcción de un campo de golf para los Juegos Olímpicos que se celebraron en la ciudad, en agosto pasado.
La decisión judicial, que afecta también a la empresa concesionaria del proyecto, Fiori Empreendimientos Inmobiliarios, se sustenta en el impago de las tasas medioambientales inherentes al proyecto que alcanzarían la suma de 2,39 millones de reales (unos 710.000 dólares).
"La presente acción de mala praxis está instruida con pruebas documentales del proceso administrativo de licencia medioambiental, en el que fue dispensado el pago de la tasa por parte del particular, contra todas las recomendaciones de la Secretaría de Medio Ambiente", señaló la Fiscalía en la demanda.
De acuerdo con la acusación, Paes buscó una "fórmula mágica" para que la empresa eludiera el pago lo que constituye un "claro acto" de mala práctica administrativa que causó "un daño evidente" a los fondos públicos.
La cantidad bloqueada al alcalde, que tras dos mandatos consecutivos dejará su cargo el próximo 1 de enero, es de 181.000 reales (unos 53.780 dólares). Por lo mismo, Paes a través del departamento de comunicaciones de la municipalidad de Río de Janeiro, repudió la medida y anunció que recurrirá a la justicia.
De hecho la alcaldía alegó que comunicó a Fiori Empreendimientos Inmobiliarios de la necesidad de abonar una tasa para obtener la pertinente autorización para la "supresión de vegetación exótica" y que fue la empresa la que no cumplió con sus obligaciones.
"Un mes antes de la acción determinada por la Fiscalía, la secretaría de Medio Ambiente ya había reclamado al Ministerio Público de la ciudad que exigiera el cobro de la deuda, incluidos los intereses generados", argumentó el municipio.