Un reportaje de la agencia de noticias Reuters reveló este martes el esquema con que una empresa local alcanzó a exportar a Canadá un total de 12 millones de dólares en frambuesas chinas bajo el rótulo de producto "chileno y orgánico" entre 2014 y 2016.
El artículo, titulado "Cómo una estafa chilena con frambuesas esquivó controles desde China a Canadá", dejó al descubierto la facilidad con la que los productos potencialmente peligrosos y mal etiquetados pueden pasar por alto las agencias de salud y aduanas.
La investigación también dio cuenta de la preocupación que generó esta irregularidad en dirigentes gremiales, pero al mismo tiempo la inacción de las autoridades chilenas.
Por este caso, en agosto de 2019, la Justicia chilena condenó al propietario de Frutti di Bosco, César Ramírez. La operación de exportación falsa de la empresa con sede en Santiago Centro incluía el certificado de origen y de producto orgánico adulterado.
Reuters examinó miles de páginas de presentaciones legales, documentos de investigación y registros comerciales obtenidos a través de solicitudes de acceso a información en Chile y Canadá.
"Lograr el fraude fue relativamente simple", afirmó la agencia.
El pacto comercial Canadá-Chile, vigente desde 1997, permite a los exportadores autocertificar la procedencia de sus productos. El acuerdo permitió que las bayas mal etiquetadas ingresaran a Canadá libres de aranceles, evadiendo un impuesto del 6 or ciento aplicado a la misma fruta importada de China, expuso el reportaje.
El esquema: ¿Cómo llegaban las frutas a Canadá?
Según la investigación de Reuters, gran parte de las frambuesas chinas exportadas por Frutti di Bosco fueron suministradas por Harbin Gaotai Food Co., Ltd., que tiene su sede en la ciudad de Binzhou, en la provincia china de Heilongjiang.
Las frutas congeladas eran enviadas a Chile a través de un intermediario, Directus South East Asia Ltd, con sede en Nueva Zelanda.
Tras cruzar el oceáno Pacífico, las frambuesas eran llevadas por Frutti di Bosco en camión a la planta de envasado Fruticola Olmué, con sede en Chillán, donde se les colocaban las etiquetas de producto "chileno y orgánico".
Finalmente, eran enviadas a Canadá, donde las compraba Alasko Foods, Inc, con sede en Montreal, uno de los mayores proveedores de frutas congeladas del país norteamericano.
La compañía canadiense, que es insolvente e ingresó en una administración judicial en septiembre pasado, negó haber actuado mal. Sin embargo, César Ramírez dijo a los investigadores de la Aduana chilena que Alasko ordenó el reenvasado de las berries chinas porque "era más económico realizarlo en Chile para luego exportar a Canadá, de este modo utilizando TLC Chile-Canada".
Aunque Canadá fue, con mucho, el principal destino, Frutti di Bosco también realizó envíos a Estados Unidos, Kuwait, Holanda y los Emiratos Árabes Unidos.
¿Cómo se descubrió el fraude?
Todo quedó al descubierto en 2016, tras una denuncia en Aduana por parte de la gerencia de Fruticola Olmué, que un año antes había sido comprada por Juan Sutil, actual presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).
Una auditoría interna del equipo de Sutil descubrió que la planta había reempacado la fruta importada en bolsas de plástico etiquetadas como orgánicos chilenos, una práctica que comenzó bajo los dueños anteriores de la empresa en 2014 y todavía estaba sucediendo cuando la nueva administración la descubrió, según documentos de la investigación de la Aduana.
Solo en los primeros siete meses de 2016, Frutícola Olmué pareció haber empacando al menos 400 toneladas de fruta mal etiquetada con destino a Canadá, suficiente para llenar 25 contenedores de envío, según su carta a la Aduana.
La planta envasadora cortó lazos con Frutti di Bosco el 24 de octubre de 2016, el mismo día en que alertó a la Aduana, según una carta separada que envió a Frutti di Bosco y fue vista por Reuters.
Frutícola Olmué dijo a los periodistas que ya no hace negocios con Ramírez, la firma canadiense de frutas congeladas Alasko o Rebolledo, el corredor de frutas.
Al buscar en los libros de Frutti di Bosco, los inspectores de aduanas encontraron que entre 2014 y 2016 la empresa había exportado más de 3.600 toneladas de frutas y verduras.
Supuesto silencio de las autoridades chilenas
"Esta situación podría generar serios problemas para la industria alimentaria de nuestro país", alertó Ronald Bown, director de la Asociación Chilena de Exportadores de Frutas, en una carta a la Aduana el 15 de noviembre de 2016, pidiéndole a la agencia que investigara las denuncias, junto con advertir del "cierre de los mercados" a la fruta chilena.
"Sin embargo, Chile no notificó a Canadá que algo andaba mal, según funcionarios canadienses. Una alerta no se materializó incluso después de que Ramírez, el propietario de Frutti di Bosco, alegara que se había coludido con el comprador de la fruta, Alasko Foods Inc, con sede en Montreal, para enviar los productos ilícitos a Canadá, según registros de la investigación chilena", expuso Reuters.
Una portavoz del Ejecutivo canadiense dijo a Reuters que el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (CFIA) y la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá no tenían registros del caso o comunicación al respecto del Gobierno chileno.
Para Hugo Baierlein, ex director de comercio exterior de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), la supuesta falta de comunicación sería muy irregular y que habría sido una práctica estándar que los funcionarios chilenos se comunicaran en tales circunstancias.
Consultadas por Reuters, ni la Cancillería chilena ni la Aduana aclararon si se habían puesto en contacto con Canadá. Sin embargo, esta última agencia agregó que si esas comunicaciones hubieran tenido lugar, el servicio utiliza esa información de manera reservada.
Recién ahora la CFIA de Canadá dijo que está investigando el asunto, después de que los periodistas se comunicaron con las autoridades de ese país para esta historia.
En 2019, tras un juicio simplificado realizado en el Juzgado de Garantía de Talcahuano, la Aduana local y la Fiscalía lograron que el representante legal de la empresa exportadora fuera condenado a dos penas de 61 días de presidio menor en su grado mínimo.
Además, dos penas de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y el pago de dos multas al Servicio Nacional de Aduanas por 2,5 millones de pesos cada una.
En el caso del presidio, se determinó la remisión condicional por lo que el condenado debe presentarse en el Centro de Reinserción Social de Santiago durante un año.
