En el Tribunal de la Libre Competencia se lleva a cabo la audiencia final en que las papeleras CMPC y SCA, el fiscal nacional económico y la Conadecus exponen sus argumentos por el caso del denominado "Cartel del Confort".
En su presentación, el fiscal Felipe Irarrázabal defendió la figura de la delación compensada y acusó "tener rabia" por que a su juicio, estas dos empresas traicionaron las confianzas en el mercado.
"Podemos tener mucha rabia, tenemos razones para tener rabia, nunca hemos visto un cartel con más precisión, esto es una película de principio a fin, pero esa rabia no nos puede nublar y echar a perder el sistema que nos va a permitir a futuro seguir efectivamente condenando nuevos carteles", expuso el fiscal.
Irarrázabal añadió que "esa rabia tampoco nos puede nublar de que esas empresas, estoy diciendo CMPC y SCA, que traicionaron la confianza que les otorgaron tienen que indemnizar, tiene que pagar la multa SCA porque llegó segunda y el resto de las empresas tienen que indemnizar al consumidor".
"Encontramos natural que exista una tirria, una aversión, un desazón por la existencia de un cartel que haya obrado tanto tiempo en temas tan relevantes como el papel higiénico y las toallas de papel. Esto no tiene que seguir ocurriendo", agregó el fiscal nacional económico.
SCA: CMPC manejaba el precio de todos los competidores
Por su parte, José Joaquín Ugarte, abogado de SCA, apuntó que "CMPC manejaba el precio de todos los competidores en el tissue, incluyendo los de PISA. Manejaba los precios de PISA a nuestras espaldas, CMPC definía las fechas de alza, establecía calendarios, decía 'en tal fecha usted sube a tal precio y con tal posicionamiento'".
En tanto, el abogado de CMPC, Cristóbal Eyzaguirre, aseguró en su exposición que su compañía entregó todos los detalles sobre la investigación interna realizada apenas se detectó la colusión.
Asimismo, el abogado descartó la hipótesis de la coacción acusada por SCA, que aseguró ser obligada a participar de esta colusión, indicando que esto no se condice con "cuando alguien controvierte sustancialmente el requerimiento de la Fiscalía, cuando alguien persiste innecesariamente en esta diferencia de opinión".
