La Fiscalía Nacional Económica informó este lunes que hace una semana, el 29 de abril, presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en contra de las empresas Indura y Linde, "y tres de sus ejecutivos, por colusión en el mercado de gases industriales, medicinales y especiales, que tuvo lugar, al menos, entre noviembre de 2019 y enero de 2021".
En su acusación, la FNE sostiene que ambas firmas acordaron asignarse zonas o cuotas de mercado, definiendo no competir entre sí por los clientes que cada una ya abastecía.
"Esta colusión afectó a clientes industriales y medicinales, cubriendo una amplia gama de rubros, tales como metalúrgico, papelero, forestal, constructor, acuícola, alimentario, laboratorios, minería, refinería de petróleo, acero, vidrios y hospitalario, entre otros", explicó la Fiscalía Económica en su sitio web.
En el origen e implementación de este acuerdo colusivo intervinieron los gerentes generales de Indura, Marcelo Torres; y de Linde, Sergio Novelli, y otro ejecutivo de esta última, David Lori, quien "se encargó de controlar que el equipo de ventas de la compañía no se comportara de un modo inconsistente con el acuerdo".
"UN CARTEL EN PLENO FUNCIONAMIENTO"
El fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, destacó que "los productos afectados por esta colusión son sumamente relevantes para el funcionamiento de múltiples áreas de nuestra economía y la salud de las personas".
"Este es un caso muy importante para la FNE, en el que instamos a que se impongan sanciones ejemplarizadoras", añadió el abogado, quien recordó que "hace casi 20 años la FNE acusó un cartel en este mismo mercado, pero las empresas fueron absueltas porque no había prueba directa del acuerdo".
Con los ajustes legales posteriores, "se nos facultó para interceptar comunicaciones, acceder a registros telefónicos, realizar allanamientos e incautaciones y administrar el programa de delación compensada... Hoy la FNE puede afirmar, con satisfacción, que desbarató un cartel en pleno funcionamiento, utilizando todas y cada una de las herramientas que le confió el legislador", enfatizó Grunberg.
LINDE, EXIMIDA POR DELATAR
En su requerimiento (ver achivo adjunto), la FNE pide que el TDLC aplique multas a beneficio fiscal por un total de 37.999 Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a 31,3 millones de dólares: unos 29 mil 841 millones de pesos.
De este total, 31,2 millones de dólares (29 mil 732 millones de pesos) corresponderían a la multa de Indura, y 114 mil 392 dólares (109 millones de pesos a su gerente general, Marcelo Torres.
En cuanto a Linde y sus dos ejecutivos involucrados, "la FNE solicitó al TDLC que los exima de la aplicación de multas por haber cumplido con los requisitos establecidos en la ley para acceder a los beneficios del programa de delación compensada".
En línea con lo anterior, pidió al Tribunal "que declare la exención de responsabilidad penal por los hechos ilícitos respecto de los ex ejecutivos de Linde cubiertos por dicho programa".
"ACUERDO DE CABALLEROS"
La investigación de la FNE comprobó que el acuerdo se inició en una reunión entre los gerentes generales de ambas empresas, el 11 de noviembre de 2019, en un café de la comuna de Las Condes.
A partir de ese encuentro, "Indura y Linde comenzaron a forjar un entendimiento que les permitió repartirse sus clientes, a través de un 'acuerdo de caballeros' o 'pacto de no agresión'". En una llamada telefónica interceptada, los ejecutivos de una de las empresas se refiere al acuerdo como una situación de "paz y amor".
Para cumplir con el acuerdo y no competir por los clientes que atendía la otra empresa, ambas se abstenían de participar en licitaciones o cotizaciones, ofertaban precios intencionalmente elevados para no ganar el negocio, se retiraban del proceso si el cliente se interesaba en la propuesta, o se desistían de la oferta presentada en caso de resultar adjudicada.
Según explica el requerimiento, la FNE pudo rastrear este acuerdo porque, tras una investigación preliminar a partir de una denuncia, obtuvo autorización para interceptar las líneas telefónicas de los ejecutivos de Indura y Linde involucrados, lo cual permitió más tarde allanar y realizar incautaciones de prueba en sus domicilios particulares.
Ante esta actuación, "Linde y sus ejecutivos se acercaron al ente persecutor para reconocer su participación en el ilícito y aportar la evidencia de la que disponían, con el fin de optar al beneficio de delación compensada".
Indura es controlada por Air Products and Chemicals, Inc., compañía multinacional norteamericana dedicada a la producción y comercialización de gases industriales y medicinales, productos químicos, equipos y servicios de ingeniería, con presencia en más de 50 países de América, Europa, Asia y África.
El controlador final de Linde es Linde plc, compañía irlandesa multinacional dedicada a la producción y suministro de gases industriales y medicinales y servicios de ingeniería, con operaciones en más de 80 países de América, Europa, Asia, África y Oceanía.
Según Linde, la empresa "tomó conocimiento de una investigación iniciada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), la cual involucraba a dos ejecutivos de la compañía", y "las políticas y protocolos de Linde establecidos a nivel internacional permitieron que, en menos de 24 horas, la empresa presentara ante la FNE una solicitud de postulación al mecanismo de delación compensada, para colaborar activamente con la investigación del organismo".
Luego, una auditoría interna terminó "suspendiendo al gerente general y a uno de sus reportes directos para asegurar la independencia del proceso. Una vez concluida la investigación, en diciembre de 2021, la firma desvinculó a ambos ejecutivos".
"El actuar de los ejecutivos no representa los valores ni la forma de hacer negocios de Linde", agregó un comunicado.
